La Acordada 4/2026 propone reformas en el Consejo de la Magistratura para priorizar la evaluación técnica y los antecedentes, reduciendo el peso de la entrevista personal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 4/2026, ha propuesto una serie de modificaciones en el sistema de selección y designación de magistrados nacionales. El objetivo central es fortalecer los criterios de mérito, idoneidad y transparencia en los concursos que realiza el Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de evaluar a los aspirantes a jueces y de confeccionar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para su designación. Su proceso se basa tradicionalmente en tres pilares: un examen de conocimientos jurídicos, la evaluación de antecedentes académicos y profesionales, y una entrevista personal con los consejeros.
Según el análisis del máximo tribunal, en la práctica, la entrevista personal ha adquirido un peso decisivo, a veces determinante, en el puntaje final. Esto ha permitido que candidatos con menor puntuación en los aspectos objetivos (examen y antecedentes) escalen posiciones de manera significativa tras la entrevista, un fenómeno que en ámbitos judiciales se conoce como «garrochismo».
Las reformas impulsadas por la Corte buscan otorgar mayor peso a las evaluaciones técnicas y anónimas, y reducir la incidencia de la entrevista personal en el resultado final. La iniciativa apunta a limitar la discrecionalidad y la posible politización en la selección, priorizando la solvencia profesional de los postulantes.
El debate sobre la calidad en la designación de funcionarios públicos excede al Poder Judicial. Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señaló que, a fines de 2018, un alto porcentaje de los cargos directivos en la administración pública nacional eran designados de forma transitoria y exceptuados de requisitos de concurso, lo que limita el acceso basado en el mérito.
La propuesta de la Corte Suprema reabre la discusión sobre la profesionalización del Estado y los mecanismos para garantizar que los cargos de mayor responsabilidad sean ocupados por los candidatos más idóneos.