La investigación por desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza con un nuevo requerimiento fiscal que incluye a exfuncionarios y empresarios del rubro médico.
El juez federal Ariel Lijo tiene pendiente de resolución un requerimiento del fiscal Franco Picardi y del representante de la PIA, Sergio Rodríguez, para ampliar las indagatorias a 29 personas en la causa que investiga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pedido se enmarca en una nueva línea de investigación sobre presuntas maniobras de corrupción que habrían superado los 75.000 millones de pesos.
Además, el magistrado deberá evaluar una solicitud de inhibición general de bienes para un grupo de personas físicas y jurídicas, incluidas empresas vinculadas a insumos médicos. Entre los imputados en esta nueva trama se encuentran el exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo, el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian y más de 20 empresarios.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, funcionarios públicos habrían direccionado compras de insumos de alto costo, conocidas como PACBI, para beneficiar a empresas específicas a cambio de retornos económicos. Las PACBI incluyen prótesis de primera categoría, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas, destinadas a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves en situación de pobreza y sin cobertura médica.
Según la investigación, los imputados habrían utilizado el Programa Incluir Salud como pantalla para desviar fondos estatales. La causa señala que ANDIS habría funcionado como una «ventanilla administrada discrecionalmente» para concentrar beneficios en proveedores afines, eludiendo principios de concurrencia y transparencia. Se presume que contaban con información privilegiada para facilitar adjudicaciones y coordinar una cartelización empresarial.
El juez Lijo heredó el expediente, que ya cuenta con 19 procesamientos, cuando asumió como subrogante del Juzgado Federal 11. En la investigación trabajan en conjunto el fiscal federal Franco Picardi, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la PROCELAC y la SIFRAI.
Por otro lado, los primeros 19 procesados en el caso apelaron ante la Cámara Federal. Los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah de la Sala II deben resolver si confirman o revocan la decisión del anterior juez interino, Sebastián Casanello, que los encontró involucrados en un sistema paralelo de administración para direccionar compras, inflar precios y repartir retornos ilegales.