Profesionales de todo el país, incluida Formosa, suspenden atenciones programadas en reclamo por cambios en el sistema de pago que consideran perjudiciales.
Médicos de cabecera del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) iniciaron un paro de 72 horas a nivel nacional. La medida de fuerza responde a reclamos por cambios en las modalidades de pago por parte de la obra social de gestión nacional, que según los profesionales impactarían significativamente en sus ingresos.
El médico clínico Alejandro Azulay (MP 2677) explicó que el pasado viernes recibieron una notificación del PAMI indicando que todas las consultas presenciales regulares serán incluidas en un pago capitado, unificando este concepto con el de la primera consulta. Según los médicos, este cambio representaría una reducción considerable en la remuneración por paciente atendido.
«Están reduciendo casi un 80% el pago al profesional», afirmó Azulay, quien además detalló que el monto actual por paciente para atención, recetas y derivación es de 2100 pesos, cifra que consideran insuficiente para mantener una atención de calidad para los afiliados.
El profesional aclaró que, a partir de este lunes, no se atenderán las consultas programadas de los afiliados en ningún consultorio de la provincia ni del país hasta tener una respuesta del PAMI. Sin embargo, se mantendrá la atención de urgencias, tal como lo establece la obligación profesional.
Azulay señaló que, de no haber una respuesta favorable, el paro podría extenderse, lo que dejaría a una gran cantidad de personas sin atención médica programada. También mencionó que esta situación afecta a un sector vulnerable de la población y a todos los afiliados al PAMI en general.
En sus declaraciones, el médico hizo una distinción entre la gestión nacional del PAMI y la provincial, destacando que el gobierno de la provincia de Formosa, a través de la obra social IASEP, ha cumplido con los pagos de manera sistemática.
Los profesionales exigen una revisión de los términos contractuales y del sistema de pago, argumentando que los cambios implementados no reflejan la inversión de tiempo y recursos que realizan para la atención de los jubilados y afiliados.