La Federación Universitaria Argentina denunció sanciones contra alumnos que reclaman por cambios en el sistema del comedor universitario, lo que generó un conflicto que trasciende lo local.
La situación en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se encuentra en tensión debido a denuncias de estudiantes sobre restricciones en el acceso al comedor universitario y la aplicación de sanciones a quienes participaron en reclamos. La Federación Universitaria Argentina (FUA) intervino en el caso, calificando las medidas como «persecución política» y advirtiendo sobre la vulneración de derechos básicos.
Según testimonios de estudiantes recogidos en medios locales, el conflicto se centra en modificaciones implementadas en el servicio de comedor. Estas incluirían restricciones de acceso, una reducción en la cantidad de viandas diarias y la imposición de un sistema de pago mensual fijo, estimado en alrededor de 30 mil pesos, que debe abonarse independientemente de la asistencia diaria. Anteriormente, existía la modalidad de compra individual por vianda.
Los alumnos afectados sostienen que el nuevo esquema resulta excluyente, particularmente para ingresantes y aquellos con dificultades económicas. Además, señalaron que el punto de retiro de las viandas se trasladó a un lugar externo al campus, complicando el acceso para estudiantes con discapacidad o con horarios ajustados de cursada.
El reclamo escaló cuando el Rectorado aplicó sanciones a varios estudiantes involucrados en las protestas, que incluirían prohibiciones de ingreso al campus por períodos de hasta 30 días. Los sancionados manifestaron que esto impacta directamente en su trayectoria académica, pudiendo afectar cursadas, prácticas profesionales e incluso la finalización de sus carreras.
En respuesta, la FUA envió una nota formal al rector Augusto César Parmetler exigiendo la revisión y anulación de las sanciones, al tiempo que se puso a disposición para abrir canales de diálogo. Desde la federación se argumentó que los hechos ocurridos en la UNaF podrían sentar un precedente preocupante para el sistema universitario nacional en materia de protesta estudiantil y derechos.
Frente a la situación, los estudiantes anunciaron que, de no obtener respuestas satisfactorias, evaluarán avanzar con acciones judiciales para defender su derecho a la alimentación y a la educación.