Griselda Correa, docente y directiva de CEDUF, solicitó una revisión técnica de cada expediente y que se investigue a todos los estamentos involucrados en el proceso de aplicación del Artículo 73.
En un clima de creciente tensión dentro de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la Prof. Griselda Correa, docente de la Facultad de Humanidades y miembro de la comisión directiva del gremio CEDUF, rompió el silencio a través de un video difundido en redes sociales. Con un tono marcado por la preocupación, Correa se refirió a las versiones que circulan sobre presuntas irregularidades en la aplicación del Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo docente, el cual permite la estabilidad laboral de docentes interinos.
La docente inició su declaración agradeciendo el espacio para clarificar la situación frente a lo que considera una campaña de desinformación que afecta la imagen de la institución y de sus trabajadores. «Sobre los graves hechos que están pasando en nuestra universidad y especialmente en nuestra facultad. La verdad es que estoy muy triste, muy preocupada porque los dichos que trascienden en las redes por ahí desinforman en lugar de informar», expresó Correa.
Correa, quien aclaró que habla tanto en su carácter de beneficiada por dicho artículo como en su rol gremial, informó que desde CEDUF se agotarán todas las instancias administrativas para dar luz sobre el proceso de titularización. La estrategia del gremio es solicitar formalmente al Rectorado que se realice una revisión técnica de cada expediente. «Le vamos a pedir al rector que se revean todos y cada uno de los casos de las personas que adquirimos el artículo 73. Porque estamos tan seguros de que todo pasó por todos los procedimientos y por todos los filtros», aseguró.
Uno de los puntos más contundentes de su declaración fue la solicitud de que la investigación no se limite solo a los docentes beneficiados, sino que alcance a todos los estamentos y funcionarios que validaron el proceso en su momento. Correa nombró a figuras clave que integraron la Comisión Ad hoc y las áreas técnicas que dictaminaron a favor de las titularizaciones. «No solamente que se investigue caso por caso, sino también que se investigue a la Comisión Ad hoc formado por los cuatro secretarios académicos de ese momento… al que en ese momento también era el director de recursos humanos y también los dictámenes llevaban la firma de la secretaria general de gerencia y desarrollo la contadora Norma Ramírez», detalló.
Asimismo, hizo hincapié en que el Consejo Superior trató los casos basándose en informes legales previos. «Entonces también que se investigue a las personas que firmaron los dictámenes de legal y técnica, porque me parece que debemos llevar transparencia y que hay mucha confusión», añadió.
La Prof. Correa mostró su desconcierto ante las declaraciones del Rector que sugieren la existencia de maniobras delictivas. Para la docente, poner en duda el trabajo de las comisiones y de la Secretaría de Legal y Técnica implica cuestionar la estructura misma de la universidad. «Estoy segura de que esto es un malentendido porque no creo que mis colegas… podemos tener muchas diferencias políticas, podemos tener diferencias ideológicas pero no podemos poner en duda a las comisiones que trabajaron tan seriamente en esto, no podemos poner en duda a los que nos representan legalmente como universidad», manifestó.
En relación a la figura legal mencionada por las autoridades universitarias, Correa lanzó una pregunta retórica: «¿Y quiénes serían la asociación ilícita? ¿La Comisión que certificó toda la documentación, la gente que está en legal y técnica que firmó el dictamen favorable, todos los conciliarios que aprobaron la adhesión a este artículo?».
Finalmente, la representante de CEDUF instó a que el conflicto se resuelva por las vías institucionales y, de ser necesario, en el ámbito judicial. «Entonces me parece que nos tenemos que poner a derecho, pedirle al rector que se investigue todo, como paso administrativo y luego ir a la justicia. Y si se cometió un ilícito, una vez que se confirma que se cometió un ilícito… Me parece que corresponde que se pida esto primero al señor rector y después a la justicia federal», concluyó.