Una alta autoridad académica de la Facultad de Humanidades presentó una ampliación de denuncia penal contra el rector Augusto César Parmetler, personal de seguridad privada y el secretario Alberto Barboza, por hechos de violencia institucional y de género en la Universidad Nacional de Formosa.
La crisis institucional en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se ha agravado tras una nueva presentación judicial. Una alta autoridad académica de la Facultad de Humanidades formalizó una ampliación de la denuncia penal contra el rector Augusto César Parmetler, extendiendo la acusación al personal de seguridad privada y al secretario Alberto Barboza.
La acusación plantea un encuadre legal basado en la teoría del jurista Claus Roxin, sosteniendo que el rector actuó como el «hombre de atrás» que controla una estructura jerarquizada para ejecutar actos ilícitos. Se argumenta que se cumplen los requisitos de autoría mediata mediante aparatos de poder.
El documento judicial califica los hechos como un caso de violencia política contra la mujer, bajo la Ley N° 26.485. Según la denuncia, la violencia no fue un fin en sí mismo, sino un medio para quebrar la voluntad de la víctima, utilizando una estructura de choque para amedrentar y expulsar físicamente a la denunciante, enviando un «mensaje disciplinador» hacia las mujeres en roles de decisión.
Se denuncia que el uso de seguridad privada buscó un brazo ejecutor para cumplir órdenes que una fuerza pública, como la Policía Federal, rechazaría por ser ilegales. Un informe profesional acredita que la denunciante padece un cuadro compatible con Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), con síntomas de angustia y ansiedad elevada.
La querella también apunta al incumplimiento de la normativa de seguridad privada, señalando que el personal fue desviado de sus funciones preventivas para actuar como fuerza de choque. Se acusa a las autoridades de intentar crear una «zona liberada» dentro de la universidad, utilizando presupuesto público para tales fines. Ante lo que se describe como una maniobra de «purga administrativa», se han solicitado medidas cautelares. El conflicto queda bajo la lupa de la Justicia Federal.