Un acuerdo conciliatorio homologado por la Justicia Federal evitó que una protesta de comunidades originarias en la ruta 81 derivara en un corte total. La mediación incluyó a múltiples actores institucionales y municipales.
El juez Federal Pablo Morán detalló la trastienda de la mediación judicial que evitó un bloqueo total en la ruta 81. El magistrado enfatizó que la solución llegó a través de la homologación de un acuerdo conciliatorio ante la falta de respuestas políticas iniciales.
La medida adoptada por un grupo de originarios se registró en el sector de Ensanche Norte, cerca de la localidad de Ibarreta y sobre la ruta nacional 81. Frente a las versiones de un bloqueo total, el juez fue categórico al describir la escena con la que se encontró la Justicia: “Había gente de los pueblos originarios que estaban al costado de la ruta, estaban hablando ahí debajo de un árbol”.
Esta distinción técnica no es menor para la Justicia Federal. Morán aclaró que, aunque la tensión era palpable, la libre circulación no se había visto vulnerada de forma absoluta. “Si bien estaban en actitud expectante de ver cuál solución podían encontrar a su problemática, no estaban cortando la ruta”, subrayó, destacando que el diálogo –o el “parlamento”, como denominan las propias comunidades– se estaba dando en la banquina, a la espera de una señal institucional.
Ante la inminencia de un conflicto mayor, se activó una audiencia de mediación que el magistrado describió como una mesa multiactoral. “Hubo una audiencia en la que intervino no solo la Justicia yo como juez Federal, sino también la fiscalía federal de Formosa, el doctor Benítez, doctora Vázquez y la Defensoría Pública oficial”, relató el doctor Morán.
La presencia de organismos provinciales también fue clave para dar soporte a los reclamos de fondo, con la participación de la licenciada Jiménez, el presidente del ICA y el intendente de Ibarreta, quienes buscaron desactivar la protesta mediante compromisos concretos.
El resultado más concreto de esta intervención fue la formalización de un compromiso que el juez elevó a rango legal. “Lo que se hizo fue homologar un acuerdo conciliatorio por el cual los caciques, tanto Pilagá como Toba que representan esa comunidad se iban a reunir”.
Al ser consultado sobre el origen del descontento, se mencionó que las comunidades solicitaban asistencia urgente ante los daños provocados por las lluvias recientes. Sin embargo, Morán fue prudente al señalar que su rol es el de facilitador de la paz social: “Imagínese que acá la idea no es que ya se encontró una solución para todos”. El acuerdo homologado no resuelve el problema habitacional o social de fondo, pero garantiza el canal institucional para que los reclamos no terminen en el asfalto.