El organismo provincial expresó preocupación por la exclusión de corredores estratégicos del nuevo esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno Nacional.
La Defensoría del Pueblo de Formosa expresó preocupación por la situación de miles de kilómetros de rutas nacionales que quedarían fuera del nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno Nacional y advirtió sobre el posible abandono de corredores estratégicos para las economías regionales del NEA y NOA.
Desde el organismo provincial señalaron que el Ejecutivo nacional avanza con un sistema de concesión privada sobre más de 9300 kilómetros de rutas, mientras que más de 30 mil kilómetros de la Red Vial Nacional quedarían excluidos de planes integrales de mantenimiento, reparación y ampliación.
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, cuestionó la reducción presupuestaria y el debilitamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, incluyendo al Distrito 22 Formosa, y sostuvo que la lógica de concesiones privadas sin subsidios estatales pone en riesgo a corredores considerados poco rentables para las empresas.
Según explicó, las rutas del interior profundo, especialmente en regiones del NEA, NOA, Centro, Cuyo y Patagonia, requieren fuertes inversiones de conservación y mantenimiento que actualmente no tendrían financiamiento garantizado.
En este contexto, Gialluca intimó al Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas conducida por Diego Martín Chaher y al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, para que informen quién se hará cargo de los tramos no concesionados.
Desde la Defensoría remarcaron que, aun con el avance de concesiones privadas, el Estado nacional continuará siendo responsable de más de tres cuartas partes de la red vial nacional, precisamente de aquellos sectores que no resultan atractivos para la inversión privada.
El organismo provincial también rechazó la posibilidad de provincializar rutas nacionales sin una transferencia específica de recursos económicos. Según advirtieron, esa alternativa implicaría mayores costos para usuarios y sectores productivos, además de trasladar a las provincias obligaciones financieras imposibles de afrontar únicamente con fondos propios.
Gialluca sostuvo que la Dirección Nacional de Vialidad debería contar con recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles para garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales, pero denunció que esos fondos están siendo destinados a otras áreas del Estado.
Asimismo, alertó que la provincialización y el eventual financiamiento mediante peajes directos generarían un fuerte impacto negativo en la seguridad vial, las economías regionales y la logística productiva.
La Defensoría calificó además como “ilegal, inconstitucional e inoportuna” la medida contemplada en el Decreto 253/26 del Poder Ejecutivo Nacional, al considerar que no cuenta con respaldo legislativo formal ni contempla partidas presupuestarias para las provincias que eventualmente deberían hacerse cargo de corredores nacionales.
Otro de los cuestionamientos apunta al esquema de peajes propuesto, al que definieron como un “impuesto encubierto”, ya que coexistiría con el Impuesto a los Combustibles sin garantizar mejoras concretas en infraestructura vial.
Finalmente, desde el organismo reclamaron fortalecer la gestión estatal de las rutas, jerarquizar Vialidad Nacional y garantizar que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles sean destinados efectivamente al mantenimiento de la red vial. También insistieron en la necesidad de desarrollar un sistema de transporte multimodal que integre a Formosa con la infraestructura ferroviaria que llega hasta Chaco como parte de una política de Estado orientada a mejorar la conectividad regional.