Una comitiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se trasladó a la localidad de Los Chiriguanos para tratar reclamos laborales de empleados de la Comisión de Fomento.
Una comitiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se trasladó hasta la localidad de Los Chiriguanos para abordar una serie de reclamos laborales que afectaban a los empleados municipales de la Comisión de Fomento. El secretario general del gremio en Formosa, Carlos Villasanti, expuso la situación de los agentes comunales.
La intervención del sindicato estuvo motivada por trabas administrativas y la negativa oficial a reconocer trámites esenciales. Villasanti declaró: «Ayer tuvimos una reunión con unos compañeros trabajadores y hemos visto el manoseo que hay. Como no están organizados, al tener una desorganización así, la palabra del intendente es ley porque se desconoce todo tipo de derechos.»
El conflicto central involucraba a la viuda de un trabajador municipal a quien se le impedía iniciar gestiones para su subsistencia. El secretario general detalló que la postura gremial ante la negativa del jefe comunal, Antonio Calderón, era drástica: «Fuimos con toda la intención de que si el presidente de la Comisión de Fomento continuaba con la oposición de no recibir el escrito del pedido de esta compañera viuda, íbamos a hacer la denuncia penal. Ayer resolvió recibir la nota y dio instrucciones a uno de sus empleados para que prepare todo para que esa compañera pueda gestionar su pensión derivada por el fallecimiento de su marido.»
Otro punto crítico consistía en la resistencia del organismo a formalizar las afiliaciones de los trabajadores que buscaban el respaldo de ATE. Según Villasanti, el intendente cedió ante la presión mediática y la comitiva. «Teníamos otro tema: no nos estaban recibiendo las afiliaciones de los compañeros que se quieren organizar. También resolvió que va a recibir y va a permitir que se afilien. Se estaba negando la participación sindical de los trabajadores de ese organismo. Hablamos a la salida del edificio municipal un ratito y él fue el que decidió que se reciba el escrito, dio la orden para que se agilicen los trámites y se le dé curso.»
Villasanti aclaró que existen deudas pendientes, como el caso de empleados de planta permanente despedidos verbalmente hace meses sin notificación formal ni sustento legal.
La comitiva gremial detectó otras irregularidades en el área de salud pública. «Nos enteramos de que dos trabajadores dependientes de la Comisión de Fomento que están prestando servicio en el hospital de esa localidad no cobraron su sueldo de abril. Dejamos una serie de instrucciones de cómo manejarse y, si no hay respuesta, hay que hacer la denuncia por retención indebida de haberes.»
Consultado sobre los montos que perciben los agentes, Villasanti confirmó que la planta permanente está bancarizada, pero los montos rondan entre 280.000 y 300.000 pesos.
El secretario general de ATE reconoció que el miedo a represalias patronales es el principal obstáculo para abrir delegaciones en el interior provincial. Recordó un antecedente en Misión Tacaaglé: «Ese es el principal problema que pasa en todos los municipios donde vamos a organizar por primera vez. Pasa sin excepción en todos lados, porque como desconocen sus derechos, le tienen terror hasta que se reúnan y empiecen a conocerlos. Eso pasó en Misión Tacaaglé; ahí el intendente era la ley hasta que nosotros aparecimos y se organizaron los trabajadores. No solo se pudieron afiliar y elegir delegados, sino que llegaron al punto de que se le enfrentaron electoralmente y le ganaron las elecciones.»
Para finalizar, Villasanti enumeró que la situación de Los Chiriguanos no es un hecho aislado, sino que forma parte de un mapa de conflictividad laboral en diferentes comunas de Formosa que ya se encuentra en manos de los equipos jurídicos del sindicato. «Tenemos para resolver, que ya está judicializado en la justicia, el caso de Misión Laishí —el caso del Concejo Deliberante—, el Concejo Deliberante de Villa Escolar, dos compañeras despedidas a las que no se le renovaron los contratos en la municipalidad de El Espinillo, y otros tres en la localidad de Villa Dos Treces. Todo esto va a ser judicializado para que recuperen en algunos casos su trabajo y en otros para que sean indemnizados.»