El presidente Javier Milei se reunió esta mañana en la Casa Rosada con una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Durante el encuentro, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) comunicó una intención de inversión por USD 8.000 millones en investigación clínica, innovación y desarrollo económico.
El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la Casa Rosada a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vinculada al entorno de Donald Trump. La comitiva estuvo encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart, a quien el gobierno argentino considera una figura influyente en política exterior y América Latina dentro del Congreso estadounidense.
La delegación incluye a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
En el marco de la visita, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que representa a empresas farmacéuticas de innovación en el país, le comunicó al jefe de Estado y al ministro de Salud, Mario Lugones, una intención de inversión por USD 8.000 millones en investigación clínica, innovación y desarrollo económico.
Más tarde, el grupo de legisladores y dirigentes norteamericanos tenían agendado un almuerzo con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el secretario de Minería, Luis Lucero, en la Embajada de Estados Unidos. Desde la comunicación del embajador Peter Lamelas informaron: “La visita subraya la sólida asociación entre los Estados Unidos y Argentina y el compromiso del Congreso de EE.UU. con su participación activa en la región”.
La reunión ocurre en un contexto de tensión bilateral por el tratamiento del Patent Cooperation Treaty (PCT), acuerdo firmado con la administración Trump en febrero de este año. Luego de que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados obtuviera dictamen para debatir el tratado en el recinto, el gobierno paralizó el proceso. La decisión responde a una estrategia de preservar el tema como herramienta de negociación frente a los enviados de Trump.
El PCT impone, entre sus condiciones, la vigencia por 20 años del registro de patentes en los 158 países miembros. Transcurrido ese plazo, otras empresas pueden producir el producto con modificaciones leves. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advirtió al gobierno sobre los riesgos de aprobar el Capítulo II del tratado, que habilita un examen preliminar internacional con opinión no vinculante sobre las invenciones, mecanismo rechazado por la industria local.
Dos semanas antes del encuentro, el secretario de Modernización Alejandro Cacace viajó a Washington para reunirse con representantes del gobierno trumpista y les informó la imposibilidad de obtener el apoyo político necesario para aprobar el tratado sin reservas.
El trasfondo de estas negociaciones se vio alterado por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la decisión unilateral de Trump de aplicar aranceles a productos extranjeros. El máximo tribunal determinó que la potestad para imponer nuevas tasas a la importación corresponde exclusivamente al Congreso, lo que obligó al Estado norteamericano a devolver 166.000 millones de dólares a importadores. La resolución debilitó la posición negociadora de Washington y abrió margen para que el gobierno argentino introdujera modificaciones al tratado.
En ese contexto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) habilitó nuevas patentes como señal de buena voluntad hacia los interlocutores estadounidenses. Aun así, la gestión trumpista hizo saber su malestar por el cambio unilateral en la implementación del acuerdo firmado a comienzos de año.
Según informó Infobae, el gobierno considera al PCT como una de las iniciativas más importantes dentro de su cartera de proyectos junto a la reforma electoral y el Súper RIGI. Sin embargo, las trabas políticas hacen que no se prevea su tratamiento hasta después del receso legislativo de invierno.