Desde que la Corte Suprema de Justicia asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación, se registró un incremento en las acciones disciplinarias contra magistrados. Dos jueces fueron destituidos, uno renunció para evitar el jury y dos más enfrentarán próximamente un juicio político.
Desde que la Corte Suprema de Justicia asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación, se registró un incremento sostenido en las acciones disciplinarias contra magistrados. Dos jueces fueron destituidos, uno renunció para evitar el jury y dos más enfrentarán próximamente un juicio político.
Además, se produjeron cambios en la cúpula administrativa del organismo, incluyendo la cesantía del administrador general, el director de Recursos Humanos y el jefe de Seguridad, junto con la reubicación de otros funcionarios en puestos clave.
Un relevamiento reciente sobre el avance de las investigaciones por mal desempeño de magistrados, desde la implementación de la actual estructura del Consejo, arrojó estos resultados.
La semana pasada, la Comisión de Acusación votó de manera unánime para enviar a juicio político al juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Este magistrado enfrenta un procesamiento por graves delitos de corrupción judicial y tiene una orden de detención que no se ejecuta gracias a sus fueros.
El procedimiento contra Salmain requiere el respaldo del Plenario para que el magistrado sea suspendido. Estas acciones impulsaron un análisis de las decisiones tomadas por las comisiones de Disciplina y Acusación desde que Horacio Rosatti, presidente de la Corte, asumió la dirección del organismo.
Paralelamente, se avanzó en la citación a una indagatoria del juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien fue denunciado por abuso sexual y maltrato laboral.
Además, desde el cambio de gestión en el Consejo, los jueces Walter Bento y Martín Poderti fueron removidos de sus cargos. El juez Marcelo Bailaque optó por renunciar antes de que el Plenario decidiera su destino.
Asimismo, los jueces Alfredo López y Pablo Díaz Lacava fueron enviados a juicio. Ahora, el Plenario debe resolver si suspende y remueve a Salmain, y también evaluar la conducta de Maraniello. Adicionalmente, se aplicaron otras sanciones disciplinarias.
El 4 de octubre de 2023, el Plenario del Consejo de la Magistratura impuso sanciones económicas a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, los jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi. La multa consistió en el cincuenta por ciento de sus haberes por única vez. Esta medida se tomó en consideración de las expresiones vertidas en la sentencia de una causa por abuso sexual, las cuales fueron consideradas ofensivas al decoro de la función judicial, al respeto de las instituciones democráticas y a los derechos humanos, o que comprometían la dignidad del cargo. El Consejo también instó a estos jueces a realizar el curso de la Ley Micaela de forma periódica.
El 29 de mayo de 2024, el Plenario del Consejo de la Magistratura aplicó una sanción de apercibimiento al juez Alberto Alejandro Calandrino, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 35, por una denuncia que le atribuía atrasos en el ejercicio de sus funciones.
El 10 de julio de 2024, el Plenario impuso una multa del 30 por ciento de los haberes al juez Miguel Ángel Guerrero, a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, por una denuncia de maltrato presentada por empleados y funcionarios.
En cuanto a los jueces removidos por el Jurado de Enjuiciamiento o que renunciaron tras una acusación del Consejo, el 31 de mayo de 2023, el Plenario decidió iniciar el procedimiento de remoción contra Walter Ricardo Bento, juez titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, por mal desempeño. Se dispuso su suspensión y se lo acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento, que el 8 de noviembre de 2023 resolvió su remoción. En sede penal, Bento fue condenado a 18 años de cárcel.
El 19 de junio de 2025, la Comisión de Acusación aprobó el dictamen que propuso la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión del magistrado Marcelo Martín Bailaque, juez titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, por mal desempeño. Posteriormente, Bailaque renunció a su cargo, decisión aceptada mediante el Decreto 443/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.
El 27 de agosto de 2025, el Plenario resolvió la apertura del procedimiento de remoción y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Martín Luciano Poderti, por mal desempeño. Se dispuso su suspensión. El 18 de diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento decidió su remoción del cargo. Se le atribuyó responsabilidad por el robo de monedas de oro incautadas en una causa a su cargo.