Un integrante de la mesa política encargada de la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo admitió que los proyectos enviados al Congreso requieren negociaciones complejas, aunque fuentes oficialistas aseguran que los plazos responden a la complejidad de las iniciativas y no a falta de voluntad política.
“Necesitamos negociar y, en su gran mayoría, son todas reformas de fondo”, explicó ante Infobae un integrante de la mesa política comprometido en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por la agenda de proyectos enviada al Congreso. La afirmación resume el escenario actual: los proyectos más ambiciosos del oficialismo requieren consensos amplios y suponen negociaciones complejas.
Desde el inicio formal del año legislativo, el Gobierno giró al Congreso alrededor de veinte iniciativas para contrarrestar semanas complejas marcadas por la interna y la investigación abierta contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Al menos quince de ellas aún permanecen pendientes, a la espera de un cronograma de tratamiento que deberá definir el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei.
“No creo que haya demoras sino una sobreexpectativa en función de la cantidad de proyectos enviados”, sintetizó una fuente legislativa a este medio.
En las filas oficialistas aseguran que los tiempos de negociación responden más a la complejidad de los proyectos que a una falta de voluntad política. “Viene todo lento, pero va a salir”, aseguró con optimismo un senador violeta.
Lo cierto es que en las planillas de Balcarce 50 figuran en el casillero rojo la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y la incorporación de Ficha Limpia; el proyecto de Financiamiento Universitario; la iniciativa sobre Fraude por Discapacidad; y la Ley de Ludopatía.
“No los definiría como complicados. Para mí, requieren una negociación más extensa por los actores o los intereses en juego”, sostuvo un funcionario que participa de las negociaciones.
En el caso de los cambios en el sistema de votación, ante la negativa de varios aliados como el PRO, hay quienes deslizan la posibilidad de habilitar el debate por la suspensión de las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025, o avanzar en la supresión de la obligatoriedad, lo que implicaría hablar de una PAS. Con la mente en este objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una serie de reuniones con gobernadores en Casa Rosada.
Esta semana, la mesa política podría volver a reunirse el jueves para encausar la estrategia legislativa. A la espera de que Bullrich confirme la convocatoria, la plana de integrantes podría reeditar sus encuentros para aceitar la agenda. En línea con eso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el pasado lunes una comida junto al bloque de diputados de La Libertad Avanza.
La sucesión de encuentros llega tras la determinación de postergar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debe tratarse en la Cámara de Senadores y que abrió una nueva disputa interna en torno al rol de la senadora Patricia Bullrich durante la sesión del jueves pasado. Desde la bancada violeta aseguran contar con los números para su aprobación y se esperanzan con sesionar este miércoles.
Tras el inicio del Mundial 2026, el oficialismo -que promete mantener activo el Congreso- aún tiene pendiente la definición de los plazos para el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal, que cuenta con media sanción en Diputados, y los dos proyectos que rotulan como prioritarios: la Ley de Lobby y el Super RIGI.
Asimismo, el miércoles 24 de junio, la titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitaría el debate para tratar el Súper RIGI, ideado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla mayores beneficios que el régimen original, pero también la normativa que busca regular la práctica en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Legislativo que configura un escenario más complejo. Los dos proyectos se discutirán mañana en comisiones.
En las filas oficialistas hay planes de incluir también la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), aunque hay quienes aseguran que primero debería tratarse el acuerdo con dos holdouts por 171 millones de dólares que cuenta con el visto bueno de Diputados.
Pese a la media sanción en la Cámara baja, la ley de Hojarasca, con la que el Ejecutivo apuesta a eliminar más de 70 normas; el recorte de subsidios al gas natural en Zonas Frías; y los intentos por derogar el Etiquetado Frontal suponen un nuevo desafío para el bloque liberario en el Senado. Por tanto, aún no hay designada fecha para su tratamiento, según reveló un miembro de la mesa política.
Con esta agenda sobre la mesa, que incluye además la voluntad por modificar la Ley de Salud Mental, la senadora se reúne con legisladores aliados para intentar avanzar en los proyectos centrales para la Casa Rosada. Esta mañana, la Comisión de Acuerdos celebró una nueva reunión pública en la que expusieron seis candidatos a las Cámaras de Apelación del Trabajo.
Más allá de los tiempos parlamentarios, en la mesa política justifican las demoras en los plazos al contenido de las reformas impulsadas. Sin embargo, el tiempo corre y el oficialismo se enfrenta al complejo desafío de concretar la abultada ambición legislativa antes de que el calendario electoral comience a condicionar la agenda.