La decisión del presidente Javier Milei, en su primer día hábil en funciones, de disponer una revisión integral de las contrataciones de la planta del Estado y exigir la presencialidad plena de los empleados públicos en sus lugares de trabajo puso en alerta este lunes a los gremios que representan a los trabajadores estatales, que rechazaron irregularidades en los contratos y en algunos casos anticiparon protestas en defensa de los puestos de trabajo.
Desde los sindicatos del sector, UPCN y ATE, salieron al cruce de la acusación del flamante gobierno sobre la presencia de «empleo militante» en la planta del personal estatal, rechazaron que esté sobredimensionada y advirtieron que un profundo recorte de estatales como el que imaginan cerca de Milei tendrá un «efecto ínfimo» en la drástica reducción del déficit fiscal que se propone el Presidente.
«No es cierto que el Estado está sobredimensionado. Además, un recorte de trabajadores de contratados no mueve el amperímetro, tiene un efecto real ínfimo en la baja del déficit«, afirmó a Clarín Andrés Rodríguez, titular de UPCN.
El dirigente, además, defendió la decisión de algunos funcionarios de la saliente administración de Alberto Fernández de disponer el pase a planta permanente a miles de trabajadores transitorios. La medida fue parte de «un proceso de concursos públicos con una serie de mecanismos legales y legítimos que se cumplieron» como estaba establecido, enfatizó Rodríguez.
En las semanas previas a la asunción de Milei, el gobierno de Fernández resolvió el ingreso a la planta permanente de unos 9.000 agentes públicos de más de 60 dependencias nacionales que culminaron el proceso de concurso establecido. A la par, la saliente ministra de Salud Carla Vizzotti habilitó la renovación automática de otros 5.000 contratos de personal transitorio de su cartera.
Rodríguez, incluso, puso en duda que Milei finalmente vaya a avanzar con despidos masivos en el sector público nacional y pidió esperar a conocer las medidas concretas del Gobierno. «No lo van a hacer (al recorte de estatales), condenan a miles de trabajadores a la desocupación en momentos que no se consigue trabajo», consideró.
Con una posición más dura, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, también repudió los anuncios del nuevo Gobierno respecto a la revisión de la totalidad de los trabajadores contratados del Ejecutivo nacional y advirtió que el gremio no descarta avanzar con medidas de fuerza y un plan de lucha antes de fin de año para frenar cualquier amenaza de despidos.
«Hablar de empleo militante es una amenaza que los estatales no van a tolerar«, afirmó Aguiar y denunció: «se intenta disciplinar y amedrentar al sector público para poder lograr el ajuste que tanto propagandizan. Lo único que militamos desde hace décadas es la defensa de los derechos en que se convierte nuestro trabajo», señaló.
Y agregó: «La mayoría de los gobiernos cuando llegan al poder dicen que van a revisar los contratos. Si no es una excusa para propiciar el despido de miles de trabajadores, y es verdad que van a buscar gente que cobre un salario sin trabajar, nosotros los acompañamos y vamos a ser los primeros en denunciarlo. Todos los trabajadores que nosotros conocemos cumplen funciones hace años».
El titular de ATE anticipó para el próximo jueves la convocatoria a un plenario del consejo directivo nacional del gremio para analizar las primeras medidas de la flamante gestión de Milei, consensuar un posicionamiento sindical y definir un plan de acción para los próximos meses.
Al respecto, ante la consulta de Clarín, el dirigente alertó que no descartan que el sindicato resuelva medidas de fuerza para antes de fin de año, en línea con las protestas anunciadas por los movimientos sociales tras la advertencia del presidente en su discurso de asunción. «Se van a resolver en el plenario», insistió.
Aguiar también enfocó la preocupación del sector en los trascendidos acerca de que el Gobierno analiza prorrogar el Presupuesto 2023, lo que indirectamente significaría el congelamiento de los salarios del sector público.