La Corte de Apelaciones de Nueva York le concedió a la Argentina una prórroga hasta el 22 de febrero, para definir los términos de su apelación a la condena de US$16.000 millones por la polémica expropiación de YPF concretada en 2012 por la ex presidenta Cristina Kirchner y su ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
Sin embargo, sigue vigente el plazo del 10 de enero que impuso la jueza de instrucción de Nueva York Loretta Preska del 10 de enero para que el Gobierno presente garantías de pago, como las propias acciones de YPF u otros bienes del estado argentino bajo la amenaza de embargos.
El consultor financiero Sebastián Maril explicó que “la fecha del 10 de enero para presentar garantías sigue en pie y no se modifica. Los embargos van por el lado de la corte de la Juez Preska”.
“La decisión de la Corte de Apelaciones de hoy, otorga al país 30 días más para presentar su primer argumento en la apelación” a la condena, agregó el especialista.
Los abogados que representan a la Argentina habían solicitado la suspensión del plazo del 10 de enero o una prórroga de 90 días. “Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, señaló el escrito. Ese monto representa 32% del Presupuesto 2023 del estado argentino, a la cotización oficial.
«Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero el plazo para los argumentos de la apelación” ante el tribunal neoyorquino, indica el escrito que habían elevado ante la jueza de primera instancia de Nueva York y que fue aceptado por el tribunal de apelaciones.
Mientras el diputado del Parlasur Alvaro de Lamadrid denunció al ex Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini por haber rechazado un Discovery (apertura a prueba) ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli. El Discovery hubiese permitido descubrir el alcance de las negociaciones con el grupo Petersen primero con Néstor y luego con Cristina Kirchner, explicó. Lo había pedido la gestión del ex presidente Mauricio Macri pero Zannini, a partir de 2019, como nuevo procurador del Tesoro desistió de esa medida de prueba para conocer los secretos de los cambios societarios y movimientos financieros internacionales que hubo en esa operación de 2012.
La nueva denuncia penal de Lamadrid tiene por objetivo que se investigue el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, y acciones de encubrimiento durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.
“La conducta reprochable e ilegal del Dr. Zannini consistió en desistir del Discovery en representación de nuestro país, que hubiera servido para detectar a los verdaderos accionistas del juicio y además se podría haber investigado la conducta de los funcionarios cómplices de esta maniobra, obviamente dirigida por la matriz piramidal de corrupción, en cabeza de la ex Presidenta Cristina Kirchner”, señala la denuncia de 60 páginas a la que accedió Clarín.
De Lamadrid también pide que se investigue el rol de los Eskenazi y de los funcionarios de Mauricio Macri que defendieron a la Argentina en el juicio de Nueva York.
Mientras tanto, el sucesor de Zannini en ese cargo, Rodolfo Barra nombró a Andrés de la Cruz como subprocurador para los litigios internacionales a fin de que se encargue del juicio, con la perspectiva del presidente Javier Milei de que su gobierno tiene “voluntad de pagar”.
De Lamadrid mandó copia de su denuncia a Barra y al presidente Javier Milei.
Stornelli va a estudiar la denuncia de Lamadrid porque ya existe una similar que investiga el juez federal Ariel Lijo por una presentación de la líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió del 2012, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Lijo espera una respuesta a un exhorto que mandó a la Justicia de EE.UU y España para avanzar en la causa, aunque su lento accionar ha sido criticado por Carrió y ahora por de Lamadrid.
En particular, Lijo investiga los alcances de una nota que en abril del 2015 envió el administrador concursal de la quiebra de dos empresas del grupo Petersen en España en la que se reclama que el gobierno de Cristina Kirchner indemnice con 18 millones de dólares, también, a esas compañías además de a Repsol lo que habría evitado la venta posterior a Burford.
Milei dijo el martes al canal de TV La Nación + que crearía un impuesto con el nombre del hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en su condición de viceministro y ministro de Economía (2007-2015) fue el promotor de la polémica expropiación de YPF.
“Hay un problema, porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar. Sí tenemos el ‘willing to pay’, la voluntad de pagar”, admitió el jefe del Estado argentino.“Una de las ideas que estamos trabajando es crear la “tasa [Axel] Kicillof” (…), que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, aseveró Milei.
Sin responder la ironía del presidente, el gobernador bonaerense, paradójicamente, salió esta semana a oponerse a la reprivatización de la petrolera estatal.
Luego Milei precisó que, en realidad, sería “pagar este fondo de EE.UU. con un bono perpetuo”. Según fuentes oficiales citadas por la agencia Télam el “impuesto Kicillof “ sería un bono perpetuo para pagar el fallo judicial. Un bono perpetuo es un tipo de inversión en el que el emisor paga intereses a los inversores de manera indefinida, sin tener una fecha de vencimiento específica.
En los bonos perpetuos, el emisor paga un cupón para siempre y no tienen que pagar al vencimiento. También se le suelen llamar bonos perpetuos a los que tienen un vencimiento muy largo, como 100 años, y este tipo de bono ya fue emitido una vez en la Argentina, precisamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando se desempeñó como ministro de Finanzas del gobierno de Macri.
Tras esas declaraciones de Milei, la acción de Burford Capital en Wall Street se disparó un 11%. Previamente, las acciones de Burford habían escalado un 15% el 8 de septiembre último, tras conocerse una decisión judicial contra Argentina que precisó los daños e intereses en los reclamos Burford.
En su fallo, la jueza Preska también determinó que, mientras se negociaba una solución de buena fe en base a la sentencia, del gobierno debía poner en garantía activos como acciones de YPF, para evitar eventuales embargos de bienes del país en el exterior.
Durante la última presidencia de Cristina Kirchner, el fondo buitre Eliot había logrado embargar a la fragata Libertad en el puerto de Ghana.
La eventual entrega de las acciones de YPF, que Milei pretende privatizar, despertará otra polémica en la Argentina.
Es decir, que desde el próximo martes hasta el 10 enero el gobierno de La Libertad Avanza qué tipo de garantías le dará a la jueza Preska.
En 2012, Argentina compró el 51 % de las acciones de YPF a la española Repsol sin hacer una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados entre ellos el grupo Petersen de la familia Eskenazi. Cristina, y su entonces viceministro de Economía e interventor de YPF-Repsol Axel Kicillof le habían pagado unos 6 mil millones de dólares a Repsol pero nada al grupo Petersen de la familia Eskenazi.
Luego el fondo buitre Burford Capital compró las acciones del Grupo Petersen que estaban a nombres de empresas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía e inició el juicio en Nueva York., consideró que el Gobierno tenía que pagarle 16.000 millones de dólares, pero las autoridades argentinas estimaron que la indemnización debía ser de 5.000 millones de dólares.
El ex director de YPF, concejal de Mendoza y Aliado de Carrió, Gustavo Gutiérrez, dijo a Clarín que ese pago millonario a Burford “no es producto de la mera impericia de Kicillof y Zannini, y que los funcionarios de Cambiemos, responsables del caso YPF entre 2016 y 2019, que decían nada tenían para hacer, porque era un “juicio perdido”.
Gutiérrez se fue peleado con sus colegas del directorio de YPF durante la gestión de Macri.“Pero no fue impericia. Fue un fraude diseñado hasta el mínimo detalle, a partir de abril de 2012, por el máximo cerebro de la gestión kirchnerista, Carlos Zannini”, comentó en sintonía con de Lamadrid.
A su criterio, “la gestión de Cambiemos debería haber defendido honestamente a la Argentina y a YPF, en los estrados judiciales de New York, como así también impulsar las denuncias penales promovidas por la Dra. Elisa Carrió, por la Unidad de Información Financiera (UIF)”.
Por su parte “los funcionarios de la gestión kirchnerista saquearon, depredaron y vaciaron YPF, dejándola en ruinas, batiendo así otro lamentable récord, al registrar YPF una pérdida de su valor bursátil en la bolsa de valores americana (NYSE) de más de 15.000 millones de dólares”, agregó Gutiérrez.
De esta forma, a criterio de Gutiérrez, esos funcionarios K “constituyeron el cuarto fraude bursátil más grande de la historia, detrás de Enron (US$.55 billones), Madoff, (US$ 44 billones) y MF Global (US$ 36 billones)”.
“Esperemos que el Presidente Milei desoiga al coro de pillos con buenos modales, y entienda lo que implicaría entrar de lleno en el peor eslabón del fraude, como es “pagar lo que no es debido, a sabiendas de ello”, afirmó Gutiérrez, un dirigente político de origen conservador.
“El presidente Milei está informado, ahora depende de él impedir que el país dilapide, en beneficio de esta siniestra casta, la friolera de 16.000 millones de dólares, mientras los argentinos de a pie, nos debatimos en la supervivencia cotidiana”, agregó. Por esa razón, Gutiérrez pidió que el presidente Milei “impulse una Comisión Investigadora que con esta nueva conformación del Congreso echaría luz sobre los ilícitos de este lamentable proceso que ha derivado en un vergonzante fallo condenatorio para la Argentina”.