El gobierno oficializó la marcha atrás que dio la semana pasada sobre la posibilidad de aplicar una nueva fórmula de actualización jubilatoria por decreto, y publicó la madrugada del lunes en el Boletín Oficial la modificación de la fórmula previsional sin pasar por el Congreso. La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el Índice de precios al consumidor (IPC) de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. Además condenará a los y las jubiladas a un poder de compra que actualmente apenas supera la linea de pobreza para un adulto, sin la posibilidad de poder recuperarse incluso en el caso de que el gobierno logre controlar la inflación.
La propuesta oficial es que las jubilaciones comiencen a actualizarse de manera mensual por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. La nueva fórmula comenzará a regir en julio. Ese mes las jubilaciones aumentarían el equivalente a la inflación de mayo; y en agosto el porcentaje de aumento sería igual que el IPC de junio. En un contexto de alta inflación, sesenta días significan un rezago importante en el poder de compra de jubilaciones que ya se encuentran a niveles muy bajos.
El empalme
La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC «a cuenta» del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
En abril se otorgarán dos aumentos: uno equivalente a la inflación de febrero que fue de 13,2 por ciento; y otro extraordinario y por única vez de 12,5 por ciento que pretende (pero no logra) compensar la pérdida de poder adquisitivo del primer trimestre del año. En concreto, en abril los y las jubiladas tendrán un aumento de 25,7 por ciento, lo que llevará al haber mínimo a 171.215 pesos que, con el bono compensatorio de 70.000 pesos que ya confirmó, resultaría en 244.125 pesos, cifra que apenas supera al ingreso que una persona debía tener en febrero para no ser considerada pobre. Este monto solo se alcanzaría si el gobierno modifica, tal como lo anticipó tras idas y vueltas este lunes, un decreto que publicó la semana pasada en el que topeaba el diferencial del bono para que todas las jubilaciones mínimas lleguen a 204.445,3 pesos.
En mayo los haberes jubilatorios aumentarán como la inflación de marzo (que se dará a conocer a mediados de abril por el Indec).
En junio, mes en el que corresponde un nuevo aumento por la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, se comparará el resultado de la fórmula ( que actualiza en un 50 por ciento por recaudación y otro 50 por ciento de evolución de los salarios) con el aumento acumulado entre abril y junio de 2024 por inflación. El aumento se aplicará según la diferencia entre lo que arroje la fórmula de movilidad (el CEPA estima 40 por ciento) y se descontará la inflación de los tres meses mencionados (que podría alcanzar 63,6 por ciento, según CEPA). El decreto aclara que, en caso de que los aumentos aplicados de forma mensual entre abril y junio fueran superiores al porcentaje que surja de la fórmula trimestral, no se descontará la diferencia y se incorporará al haber jubilatorio.
A partir de julio, y tal como se mencionó anteriormente, los aumentos se darán directamente por el IPC de dos meses atrás.
Alerta ajuste
La publicación del decreto durante la madrugada del lunes generó muchas dudas y pocas certezas sobre el devenir de los haberes jubilatorios. En el transcurso del día, voceros de Economía y Casa Rosada tuvieron que salir a dar explicaciones sobre un decreto escrito de forma confusa. Sin embargo, las mediciones de las consultoras privadas y especialistas en el tema coinciden en que esta fórmula no permitirá recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones, particularmente golpeado en el último cuatrimestre de inflación mensual de más de dos dígitos.
El Centro de Economía Política Argentina calculó que las jubilaciones en abril quedarían 32,5 por ciento por debajo en términos reales respecto del primer trimestre de 2023; en febrero tocarían un mínimo de 53 por ciento (un recorte de 47 por ciento), comparado con el mismo trimestre. Y, finalmente, que los jubilados pueden aspirar, en el mejor de los casos, a que la pérdida se consolide en torno a 25 por ciento.
La consultora de Emmanuel Alvarez Agis PxQ calcula que los haberes previsionales están actualmente un 14 por ciento por debajo de noviembre 2023. Con la fórmula mensual y la compensación en abril, acumularían un 56 por ciento. «La fórmula actual opera con rezago y en 2024 los jubilados recuperarían más rápido sus ingresos con la fórmula propuesta por La Libertad Avanza», asegura en un informe que continúa: «Sin embargo, en un contexto de recuperación del salario real y caída de la inflación la fórmula actual generaría una mejora en el poder adquisitivo del haber jubilatorio durante 2025, volviendo al nivel de mediados de 2022. Con la fórmula propuesta, si la inflación desacelera también lo haría la actualización mensual del haber mínimo. En definitiva, se congela el poder adquisitivo de las jubilaciones en un nivel similar al de final de 2023.
Vocación fiscal
Dada la vocación fiscal que tiene el ministro de Economía Luis Caputo, un punto importante a analizar es el impacto de la medida en las cuentas públicas. De acuerdo a PxQ, el gasto en jubilaciones y pensiones terminó 2023 representando 6,7 por ciento del PIB, es decir 1 punto porcentual por debajo de 2022 y 2,9 por debajo de 2020.
Bajo los supuestos macroeconómicos de la consultora, en 2024 el ahorro que se podría alcanzar por implementar una nueva fórmula sería menor al que se lograría aplicando la fórmula actual (-0,9 por ciento del PIB con la fórmula nueva versus -1,2 por ciento del PIB con la fórmula actual). «Sin embargo, en 2025 la fórmula actual podría significar un rebote del gasto en porcentaje del producto hasta 7,2 por ciento, mientras que el esquema propuesto por LLA podría servir para congelar el gasto en jubilaciones y pensiones en torno a 6 por ciento del PIB», explicó la consultora.
El 0,9 por ciento respeta e incluso supera el ajuste proyectado del propio Caputo, que informó que para alcanzar el superávit fiscal primario equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto reducirá 0,4 por ciento del PIB en la línea de las jubilaciones y pensiones en el presupuesto.