POR Pablo Broder Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.
Panorama al que no le son ajenos, el obligado alza de las tarifas, aumentos en impuestos provinciales (como el desmesurado en el Inmobiliario en la provincia de Buenos Aires), en las diversas tasas de los municipios bonaerenses, y en una estampida de precios que llevaron al país a una dramática combinación de inflación con recesión.
En este escenario, la reducción de contratos y despidos en el Estado, la destrucción del empleo informal, sumado al descenso de poder adquisitivo no solo de los jubilados, sino también de vastos sectores terminaron acelerando y amplificando los efectos recesivos.
Consecuencia obligada fue la caída de actividad traducida en paradas en plantas fabriles y reducción de puestos de trabajo, que programan vastas ramas industriales, por lo cual los últimos índices de pobreza a nivel nacional han reflejado con crudeza las consecuencias de este proceso.
Todo este cuadro, muestra, sin embargo, un aspecto casi contradictorio: la mayoría de las encuestas más respetables realizadas recientemente indican que el actual gobierno nacional sigue gozando de confianza, a la vez que coincidentemente, sectores empresarios, si bien lejos de una sensación de euforia, se muestran optimistas sobre el futuro de la economía, reflejado en el panorama bursátil, la baja del riesgo país, del tipo de cambio informal, y la mejora en la cotización de los títulos públicos, exhibiendo que subsisten interesados en invertir en el país.
¿Cuál puede ser la razón de este aparente oxímoron?: la respuesta es que la Argentina llegó a situaciones de insostenibilidad de políticas populistas, que la han conducido a un estado casi terminal, del cual emerger supone pagar costos sociales inevitables. Capítulo separado corresponde a la vergonzosa corrupción enquistada en distintas áreas y en proceso de develarse.
Muchos argentinos han comprendido que vivir en el engaño de gastar sin generar, de afectar la producción, al verdadero trabajo, la inversión, han conducido a un estado límite que de continuar, produciría efectos impredecibles. Uno de los ámbitos que está pagando altos costos es el de los de siempre castigados jubilados.
La realidad clama que el sistema previsional argentino está quebrado. Que es inviable y que se lleva el 60% del Presupuesto Nacional.
Las razones estriban en que originalmente fue diseñado para que los trabajadores activos, con sus aportes en el período laboral, pudieran financiar a quienes se retiran.
Para ello, se estima que son necesarios los aportes de aproximadamente cuatro trabajadores para solventar los haberes de un pasivo. En la actualidad se cuenta con solo un tercio de esos fondos genuinos.
La desproporción de activos y pasivos, (producto de las moratorias irracionales con fines electoralistas del gobierno anterior, incrementando la cifra de beneficiarios a los que no les correspondía acceder al sistema) obliga a que el Estado complemente desde las arcas públicas, lo que el sistema está imposibilitado de financiar.
La consecuencia ya conocida de este desbalance es la generación de déficit público, más impuestos para los castigados contribuyentes, más emisión, más inflación y finalmente más pobreza.
El país no soporta más parches, pues se encuentra en un muy peligroso plano inclinado.
La terapéutica es extremadamente rigurosa, pero un análisis objetivo clama en el sentido que no existen alternativas.
De fracasar este intento ordenador, el futuro se nutre de las peores señales, aun más adversas que las actuales.
Cabe esperar que el talento de quienes conducen este proceso, y el ritmo y velocidad de las decisiones que se adopten, puedan conducir al éxito de la gestión.
Que así sea.
*Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.
FUENTE: Diario Perfil