Los nuevos «pisos» salariales propuestos para el pago del Impuesto a las Ganancias demuestran que el gobierno está dispuesto a mantener la dureza negociadora: detrás de una actitud dialoguista y flexible, en realidad no ha cambiado sustancialmente su propuesta original del proyecto de Ley Bases.
Después de todo, los nuevos niveles -$1,8 millón para solteros y $2,2 millones para los casados con dos hijos- son los niveles que surgen de aplicar la inflación transcurrida en lo que va del año -un 50%- a los niveles que originalmente el Gobierno había propuesto.
Dicho en otras palabras, con esta propuesta, de ser aceptada por la oposición, el Gobierno se estaría garantizando que la gran mayoría de los 800.000 asalariados que habían dejado de tributar por la ley aprobada en septiembre pasado, ahora estén nuevamente alcanzados por el impuesto. Y, también la recuperación de fondos fiscales por el impuesto se mantendría en los términos previstos: un 0,4% del PBI que iría a engrosar la caja de la AFIP.
Es cierto que, respecto de los términos en que se venía hablando, los nuevos números significan una flexibilización, pero la realidad es que el proyecto que se le había presentado hace un mes a los gobernadores era una típica propuesta para negociar. El propio ministro del interior, Guillermo Francos, que había recibido a los gobernadores en la Casa Rosada días después de la convocatoria de Javier Milei a un pacto federal, había insinuado que los números serían materia de discusión.
En aquella ocasión se insistió con un mínimo no imponible de $1,2 millón para solteros y de $1,5 millón para los casados, algo que generó un rechazo de plano. Aun sabiendo que la aceptación de Ganancias sería la llave para destrabar su ahogo financiero, los gobernadores dejaron en claro que no estarían dispuestos a pagar el costo político de semejante propuesta.
La discusión que quedaba como fondo era la de cuánto es un salario alto en la Argentina de hoy. Y ahí salieron a relucir las diferencias regionales: mientras en la Patagonia, donde el costo de vida es más alto, no es extraño que en gremios como el petrolero un trabajador de nivel medio pueda ganar esa cifra, en el norte del país solamente una élite puede llegar a un ingreso de ese nivel.
Francos y Posse con gobernadores provinciales: una promesa de flexibilidad en Ganancias ante el pedido de tregua fiscal
Seducción a dos puntas
Así, la estrategia de Francos fue la de generar una negociación diferenciada. Viajó a Salta para reunirse con los gobernadores de llamado «Norte Grande», a quienes prometió una reactivación de la obra pública, a cambio de recibir apoyo en el congreso para la nueva Ley Bases.
Los propios gobernadores norteños dieron a entender que la propuesta tenía su atractivo: se reestablecería uno de los principales ingresos coparticipados, con lo cual se saldría de la emergencia presupuestaria, y prácticamente no habría asalariados afectados que pudieran poner en riesgo el clima de paz social.
En cambio, fue diferente la situación con las provincias grandes y con las patagónicas. Gobernadores como el chubutense Ignacio Torres y el santafecino Maximiliano Pullaro plantearon que no sería de recibo una restitución de Ganancias que pudiera significar un golpe a la clase media.
Y fueron concretos en su pedido: dijeron que en vez de alcanzar al 10% del vértice de la pirámide salarial, se tendría que afectar a no más de 4%, y que se debería respetar un criterio de progresividad en las escalas.
El gobierno admitió reponer niveles bajos de aporte para quienes se ubiquen apenas por encima del mínimo no imponible –que pagarían alicuotas iniciales de 5%– y, además, se admitirá que no haya un efecto retroactivo que haga pagar a quienes se venían beneficiando desde fin del año pasado.
Otra vez, se trataba de dos medidas que los expertos en temas tributarios daban por descontadas. Pero también en este caso hay que mirar con lupa antes de sacar conclusiones: el hecho de que se haya admitido alícuotas bajas no significa necesariamente un avance, porque alcanza con un leve incremento salarial por encima de la inflación para que rápidamente se avance en las escalas y se llegue al nivel máximo de aporte por 35%.
La difícil búsqueda de alternativas
En todo caso, lo que quedó en evidencia es lo difícil que resulta cumplir con el pedido de las provincias para que el Gobierno se olvidara de Ganancias y buscara fuentes alternativas de recursos.
No hay forma de que, con los impuestos actuales -e, incluso, con la creación de nuevos impuestos para los activos en el exterior, como propusieron algunos gobernadores- se pueda compensar la pérdida del aporte de Ganancias -que para las provincias significa ingresar 0,6% del PBI.
La recaudación sigue cayendo en términos reales y pone en evidencia las dificultades de conseguir una alternativa de financiamiento
Es algo que quedó en claro con los datos de la recaudación tributaria de marzo. Si se compara lo que ingresó a la caja de la AFIP respecto de lo que se había recaudado un año atrás, el desplome real supera el 16%. Y uno de los principales motivos fue que el ingreso por el Impuesto a las Ganancias se había desplomado un 40%.
Para verlo más claro: mientras un año atrás Ganancias significaba un 20% del total de la recaudación, hoy apenas llega al 13%.
Y, para agravar la situación, el resto de los impuestos, sobre todo los que están más directamente ligados a la actividad, muestran una caída en términos reales por el enfriamiento de la economía.
En marzo, el IVA de la DGI cayó un 9,5% en términos interanuales, pero lo peor es que también se redujo respecto de febrero: un impactante 7% en apenas un mes. Lo cual va en línea con las advertencias que venían haciendo los economistas respecto de la merma en el consumo masivo.
Otro impuesto ligado a la actividad comercial, el de débitos y créditos -mejor conocido como «impuesto al Cheque»- también registró una caída: 12,7% en términos anuales y 7% respecto del mes anterior.
La tentación del impuesto PAIS
La excepción, en ese marco recesivo, es el impuesto PAIS, que ya representa un 9% de la «torta» impositiva total, después de que el DNU subiera su alícuota del 7,5% al 17,5% para las importaciones. Esto explica por qué los gobernadores han intentado, sin éxito, su coparticipación.
El un comienzo, los gobernadores habían centrado su esfuerzo negociador en pelear por el impuesto al Cheque -que es lo que les había prometido Sergio Massa, cuando les pidió el apoyo legislativo para reformar Ganancias-, pero Javier Milei dejó en claro que ese era un tema no negociable.
Milei hizo alteraciones menores en su propuesta fiscal, con la aspiración de obtener apoyo opositor en el Congreso
Había varios motivos para ello. Uno era fiscal: se perdería el ingreso de un impuesto importante. Pero, además, sería una mala señal política para un gobierno que le está diciendo a las empresas que el año próximo bajará los impuestos: el del Cheque es un impuesto que desde hace 22 años es «provisorio», y si se lo llegara a coparticipar, sería la admisión tácita de que nunca será derogado.
Fue entonces que los gobernadores pusieron su interés en el impuesto PAIS, con el argumento de que, desde la misma creación de este tributo en 2020, se había previsto que parte de la recaudación financiaría obras públicas -que, en definitiva, significarían un aporte a los presupuestos provinciales-.
La pauta de que el impuesto PAIS se transformó en un botín apetecible: hay economistas que calculan que este año podría recaudar el equivalente a 1,5% del PBI.
Sin embargo, no se percibe que Milei esté dispuesto a ceder un ápice en este tema: por un lado, el fisco pasó a ser demasiado dependiente de este ingreso; por el otro, la promesa oficial es que deje de existir una vez que desaparezca el cepo cambiario.