La decisión de recortar el financiamiento de la política pública abocada a la salud sexual genera incertidumbre y cuestionamientos. Desde el gobierno expresaron que las provincias “tienen la responsabilidad de aplicar el programa en sus territorios”.
Implementado durante el gobierno de Mauricio Macri y con continuidad en la gestión de Alberto Fernández, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) logró reducir en un 50% la tasa de embarazos no intencionales en la adolescencia. Ahora, el programa sufrió un fuerte cambio impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En el Ministerio de Salud que conduce Mario Russo expresaron que “se tomó la decisión de avanzar en el rediseño del Plan dando por finalizadas 619 contrataciones a consultores (médicos, psicólogos y docentes) por $1150 millones”.
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Desde hace décadas, en casi todos los países del mundo se trabaja para que desciendan las tasas de embarazo en la adolescencia. Las razones son múltiples: van desde los riesgos físicos que implica para cuerpos aún en desarrollo, hasta los problemas psíquicos que puede desencadenar, además de los determinantes económicos y laborales que provoca en las trayectorias de vida.
Ante la consulta de TN respecto de quién estará a cargo del Plan ENIA después de la finalización de los contratos con las consultoras, fuentes del Ministerio de Salud expresaron que el programa “continuará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”. En cuanto al presupuesto para la compra de insumos y capacitaciones se reducirá a $1000 millones.
“Desde sus inicios el Plan contemplaba una primera etapa que fue destinada a generar capacidad instalada en las jurisdicciones, efectuando contrataciones que trabajaban para las provincias pero que pagaba Nación. En esta etapa, luego de seis años de implementación, se continúa y se rediseña el plan, redefiniendo las competencias entre Nación y provincias”, expresaron a este medio fuentes del gobierno.
“Es importante destacar que, como organismo sanitario nacional, el Ministerio de Salud, ejerce el rol rector que marca el rumbo y define cuáles son las estrategias a seguir, mientras que las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas en sus respectivos territorios. Esto significa que, en este caso, si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia”, agregaron.
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En 2017 nacieron en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2493 de niñas menores de 15 años. Al año siguiente se lanzó el Plan. Las últimas estadísticas dan cuenta de 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1394 de niñas menores de 15 años. Esto significa que la política pública logró reducir los embarazos en la adolescencia a la mitad.
En rigor, el Plan se empezó a diseñar en 2016 y fue liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente por la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia).
“Los métodos anticonceptivos no llegaban a los adolescentes, básicamente porque se daban en los hospitales y los adolescentes son una población sana, no van al hospital. Entonces se hicieron consejerías en las escuelas, donde sí están los adolescentes, y se fue a los barrios. Al principio se implementó en doce provincias hasta que llegó a todo el país, y el embarazo adolescente cayó a la mitad”, explicó a Clarín Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
“En los resultados de la auditoría del Ministerio de Salud se hace referencia a unos contratos de ‘consultorías’ para el programa ENIA. “Entiendo que refiere a los contratos de menos de $200.000 pesos cada uno que recibían psicólogos, médicos, enfermeros y docentes en todo el país que trabajaban en este programa”, sostuvo Pablo Yedlin (UxP), médico al frente de la Comisión de Salud de la cámara de Diputados.
“La decisión inconsulta del Ministerio de que sean las provincias las que paguen estas contrataciones es otro error. Ajustar en la Nación, transfiriendo responsabilidades a las provincias requiere de transferencia de recursos. Si la idea es una ‘Nación chica”, los impuestos recaudados en las provincias y luego coparticipados deberían ser distribuidos en forma diferente”, opinó Yedlin.