El despilfarro de fondos del Estado direccionados a organizaciones políticas durante la gestión de Alberto Fernández también salpicó con negocios millonarios a referentes de Formosa.
Julieta González abogada y periodista, denunció que en Formosa organizaciones sociales vinculadas a Emilio Pérsico recibieron más de 100 millones de pesos en transferencias discrecionales para el manejo del Programa Potenciar Trabajo y del Programa de Integración Socio Urbana.
“Se trató de un plan organizado para saquear al Estado en nombre de los pobres”
Julieta González
La abogada exhibió una serie de documentos y facturas que implicarían al ex funcionario nacional, responsable de la Secretaría de Economía Social de la Nación y líder del Movimiento Evita; con el entonces y actual diputado provincial gildista Sinforiano López que dirige el Movimiento Evita local.
“Se trató de un verdadero plan organizado para saquear al Estado en nombre de los pobres, en una provincia donde, por lo menos, un integrante de cada familia depende de un ingreso del Estado a través de estas ayudas sociales” expresó Julieta González.
HECHOS
La Secretaría de Economía Social que encabezó Emilio Pérsico tenía a su cargo la administración de millonarias partidas de fondos públicos. El Movimiento Evita que Pérsico fundó, con ramificación en todo el país, se encontraba entre los receptores de esos fondos, ya que actuaban como Unidad de Gestión de la implementación del programa Potenciar Trabajo. Por lo tanto, el figuraba como “juez y parte” en la asignación de esas partidas y las repartía discrecionalmente.
Las unidades de gestión, por un lado, controlan que se cumplan los requisitos para acceder o conservar el plan (que los beneficiarios cobran con sus tarjetas); por otro lado, reciben ellas dinero del Estado con el fin de armar las estructuras y sostener proyectos para colaborar a la reinserción laboral de desocupados.
En la denuncia presentada ante la justicia federal en la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa, los abogados Julieta González, Emanuel Zieseniss y Juan Montoya acusan a los dirigentes sociales por la comisión de los delitos de: Malversación de Caudales Públicos (art. 260 del Código Penal), Fraude a la Administración Pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), y Falsificación de Instrumentos Públicos (art. 292 del Código Penal).
La denuncia surge de los convenios celebrados entre la Secretaría de Economía Social y la organización que conduce Sinforiano López en Formosa: «Fundación Mejor Vida», que disponían la asignación de partidas millonarias provenientes de las arcas del Estado directamente para la implementación de programas sociales y construcciones públicas, que registran gruesas irregularidades en su rendición por sus notorias inexistencias.
“Con la utilización de facturaciones apócrifas y la simulación de gastos no concretados disfrazaron el verdadero uso de los fondos recibidos del Estado. Se confundió lo público con lo privado y lo recibido se utilizó para bancar la campaña política del Movimiento Evita en Formosa”, sostuvo González.
En Formosa, la metodología fue la misma que se investiga a nivel nacional por la justicia federal a los principales referentes de los movimientos piqueteros. Mediante la celebración de convenios con la Secretaría de Economía Social, se enviaban recursos millonarios a cooperativas y organizaciones sociales para la conformación de unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo, que finalmente no se llevaban a cabo.
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La denuncia incluye a Emilio Pérsico, Sinforiano López , Graciela López (hermana del diputado y miembro de la comisión directiva de la ONG) López y Adolfo Cáceres (tesorero de la Fundación Mejor Vida, que preside el parlamentario).
“En Formosa nos encontramos con una situación mucho más grave en términos políticos, porque se trata de un legislador que participó en forma directa en la negociación con el Estado Nacional, y es quien firma cada documento invocando la representación de una ignota fundación, anteponiendo una clara incompatibilidad en sus funciones”.
González adelantó que “Estamos trabajando en conjunto con Ministerio de Seguridad de la Nación y hemos cruzado datos con el Ministerio de Capital Humano, pusimos a disposición de la causa principal el conjunto de documentación que aportamos a la denuncia, porque lo que buscamos es esclarecer y que exista una condena para estos hechos de corrupción instalados que involucran la utilización del hambre para el beneficio de unos pocos”.
“Es una matriz de corrupción enquistada en el seno del poder que les permite a los gobiernos provinciales montar estructuras infranqueables para perpetuarse en el poder” finalizó.