A pesar de que el presidente Javier Milei trató de «degenerados fiscales» a los diputados que votaron el proyecto de ley que propone una nueva fórmula previsional con media sanción en la Cámara de Diputados, la actualización de los ingresos previsionales generará un costo adicional de 0,74 puntos porcentuales (pp) del Producto Interno Bruto (PIB) si se discontinúa el otorgamiento de los bonos y 0,44 pp si se otorgan hasta diciembre de 2024.
Así lo determina un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que analiza las diferencias entre el impacto fiscal de la fórmula previsional propuesta en el proyecto de ley con media sanción en diputados y el vigente, considerando que el nuevo sistema entraría en vigencia el primero de agosto. El análisis se enfoca en el año en curso y para el año 2025, considerando distintos escenarios configurados según la evolución de las variables usadas para los cálculos.
Para la fórmula del DNU 274/24, las erogaciones como porcentaje del PIB serían de 7,31 por ciento si se discontinúan los bonos a partir de agosto y de 7,61 por ciento considerando el otorgamiento de bonos todos los meses hasta fin de año. Las prestaciones previsionales (jubilaciones y pensiones contributivas) representan el principal componente del gasto (más del 70 por ciento).
En caso de aprobarse el proyecto de ley, las erogaciones como porcentaje del PIB alcanzarían el 8,05 por ciento, por lo que el impacto fiscal total de la medida está dado por la diferencia entre dicho valor y el del DNU 274/24, es decir, 0,74 pp si se discontinúan los bonos y 0,44 pp si se otorgan hasta diciembre de 2024.
Media sanción
La iniciativa con media sanción propone una actualización mensual en base al IPC, con un refuerzo anual en marzo equivalente al 50 por ciento de la variación del RIPTE, si éste hubiese aumentado más que los precios. Por única vez se aplicará un incremento complementario al de abril pasado, que suba del 12,5 por ciento al 20 por ciento de esa recomposición, y el haber mínimo no podrá estar por debajo de la canasta básica total de un adulto equivalente.
El proyecto estipula que el haber mínimo no podrá ser inferior al valor de una canasta básica total de adulto, multiplicada por 1,09. Si el Senado aprueba esta iniciativa (y se promulga antes del 15 de junio), la jubilación mínima en julio podría ser algo mayor a 306.000 pesos.
Se establece un pago extra compensatorio de 8,1 por ciento a aplicarse desde el mes de abril, para alcanzar el 20,6 por ciento de la inflación de enero. El gobierno había dado sólo un 12,5 por ciento aplicando su índice.
La fórmula de movilidad seguirá ajustándose mensualmente por la inflación. A su vez, en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación anual de los salarios (RIPTE) por sobre la variación del IPC, siempre y cuando esta diferencia haya sido positiva. De esta forma, los haberes recibirán otro incremento ante una eventual mejora de los salarios reales.
Se impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme o las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas.
Al analizar el año 2024 completo, con la fórmula del proyecto de ley que espera el tratamiento en Senadores se observa un mayor haber promedio mensual para jubilados y pensionados, así como mayores bonos complementarios mensuales respecto del escenario vigente, redundando ello en una mejora promedio de los ingresos en torno al 5,9 por ciento de los jubilados y pensionados en general y del 6,6 por ciento de quienes perciben los menores ingresos.
Esto representaría un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de entre el 0,44 por ciento del PBI, en caso que continúen pagando hasta fin de año los bonos de 70.000 pesos para jubilados de menores ingresos. Si éstos se discontinuaran ese costo añadido equivale al 0,74 por ciento del PIB. Para 2025, dependiendo de los posibles escenarios a aplicar, el impacto fiscal se encontraría entre 0,69 por ciento y 0,80 por ciento del PIB para el caso de continuidad de los actuales bonos.
Comparado con la aplicación del DNU 274/24 sin bonos de 70.000 el impacto incremental se estima entre 1,14 por ciento y 1,25 por ciento. Las deudas certificadas con provincias que no transfirieron sus cajas previsionales asciende a 703.353 millones de pesos (corrientes) monto equivalente a 0,13 por ciento del PBI.