Una vez más el oficialismo sufrió un duro revés en la Cámara de Diputados, al aprobarse este jueves la media sanción de un proyecto de ley con costo fiscal indeseado para las cuentas del Gobierno nacional. La iniciativa -que fue avalada por toda la oposición unida- busca garantizar los fondos para el sostenimiento de las universidades nacionales y a su vez recomponer los salarios de los docentes y no docentes, contemplando la inflación desde diciembre de 2023.
El texto que se sancionó y fue girado al Senado fue el impulsado por la Unión Cívica Radical, que contó con el aval de otros bloques de la oposición dialoguista como Encuentro Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal, Por Santa Cruz y el Movimiento Popular Neuquino.
Más fondos para universidades: el equilibrio fiscal, en la mira
También votaron a favor los diputados de Unión por la Patria, cuya propuesta resultó primero rechazada en la votación, y el Frente de Izquierda, ambos sectores de la oposición más dura contra el oficialismo.
El proyecto cosechó 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, del radical Lisandro Nieri. Los votos negativos los encabezaron La Libertad Avanza y sus socios del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo, los tucumanos de la bancada Independencia, el bloque Buenos Aires Libre de Carolina Píparo y el monobloque CREO de Paula Omodeo.
El bloque Producción y Trabajo, de dos sanjuaninas que responden a su gobernador, estuvo ausente, pero también faltaron otros 33 legisladores en la votación.
¿Cuánto le costará al Gobierno actualizar el sueldo de docentes?
Durante el debate en la sesión de la Cámara baja, la legisladora del PRO Daiana Fernández Molero reclamó a sus pares conocer el costo fiscal del proyecto y, con ironía, el diputado radical Martín Tetaz le contestó que tenía «el mismo costo fiscal de los fondos especiales de la SIDE, más la pauta publicitaria de YPF».
Según supo iProfesional, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no realizó un informe sobre el impacto fiscal que tendría la iniciativa, sobre todo porque cuando se trató en comisiones hubo cuatro dictámenes y también el que resultó finalmente aprobado, fue modificado en el recinto. Sin embargo, en el bloque de la UCR, una de sus principales impulsoras, la diputada Danya Tavela, informó a sus compañeros una estimación que ronda los 160.000 millones de pesos.
Respecto de la comparación que hiciera Tetaz, fuentes del bloque radical señalaron a este medio que «es por supuesto muy gráfico para explicar que el Gobierno usa selectivamente y con mucha arbitrariedad el argumento de ‘no hay plata’ o de ‘degenerados fiscales’ para lo que no le asigna prioridad, pero no tiene la menor reserva en disponer de gasto para lo que sí considera prioritario».
Además, desde la bancada que conduce el cordobés Rodrigo de Loredo apuntaron que los salarios del personal docente y no docente «son el mayor componente del presupuesto universitario». Los trabajadores «han tenido un retraso del 30% (docentes) y 26% (no docentes) en términos reales, respectivamente, según el informe de ejecución presupuestaria acumulado a julio», precisaron.
Financiamiento para educación: ¿qué puede pasar en el Senado?
La aprobación del proyecto sobre financiamiento universitario se asemeja a lo que ocurrió dos meses atrás con la media sanción de la iniciativa para recomponer jubilaciones, cuando toda la oposición mostró su poder de fuego en el Congreso, donde el oficialismo está en minoría. En este último caso, el Gobierno logró dilatar el tratamiento en la Cámara revisora. ¿Pero qué podría pasar con esta nueva propuesta que desafía las cuentas del presidente Javier Milei?
En primer lugar, si se tienen en cuenta los números, se vislumbra una posible derrota para La Libertad Avanza. En el Cuerpo presidido por Victoria Villarruel, los libertarios son solamente 7. Sumado a sus socios del PRO, que son 6, llegan a 13. Cuentan allí, además, con un aliado como el salteño Juan Carlos Romero. Pero, entre Unión por la Patria y la UCR suman 46, número que supera holgadamente una simple mayoría para aprobar la ley.
La mayoría del resto de los senadores forman parte de bloques provinciales cuyo correlato está en Diputados, donde votaron a favor. Aún si el oficialismo consiguiera algunos apoyos más entre los también llamados federales, las chances de rechazar la media sanción son pocas.
Pero, nada está dicho, pues el segundo factor determinante será el tiempo que La Libertad Avanza logre ganar. La media sanción se consiguió exactamente un mes antes de que ingrese el Presupuesto 2025, instancia que el oficialismo quería esperar para debatir sobre la cuestión. Así lo hizo saber y por eso se oponía también a incorporar el tema en la última sesión.
Entre quienes promovieron la media sanción admiten que «todo esto nuevamente debiera ser discutido abiertamente en oportunidad del debate de Ley de Presupuesto, que para este año no tenemos ni quisieron enviar, pero que esperamos tener en la Cámara a partir del 15 de septiembre y con efecto para el año próximo».
Al arrancar la discusión del Presupuesto por Diputados, este sería un argumento al que pueda argüir el oficialismo en el Senado para postergar la discusión. Sumado a esto, en la Cámara alta la Comisión de Educación y Cultura, que será cabecera del proyecto, no está constituida, pues le corresponde la presidencia a Unión por la Patria, bloque que, en disconformidad con los lugares que le fueron otorgados, todavía no designó a sus representantes en la misma.
Desde el CIN expresaron su «satisfacción» y reclamaron rápida sanción
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresaron su «satisfacción» por la media sanción y solicitaron a la Cámara de Senadores «el tratamiento urgente para que el proyecto, que adquirió hoy media sanción, se convierta en ley rápidamente». «Una ley que otorgará previsibilidad al sistema y resolverá sus problemas. Necesitamos revertir con celeridad la angustiante situación salarial que atraviesan docentes y no docentes de las universidades, y recuperar la normalidad en el desarrollo de nuestras actividades, para que la universidad siga aportando a un país que, por sus problemas, necesita mucho de ella», agregaron.
El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones de la Cámara de Diputados en mayo pasado. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir ambos temas.
El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Esta semana efectivamente se había solicitado una sesión con este único tema y, frente a la presión, el oficialismo aceptó sumar el proyecto a su convocatoria (que contenía un temario más extenso). La resistencia de La Libertad Avanza tenía que ver con la postura de que el presupuesto universitario será debatido próximamente en virtud del Presupuesto 2025.
Ante la prórroga del Presupuesto 2023 por parte del Gobierno de Milei y la falta de actualización en las partidas, lo que despertó el fuerte reclamo de la sociedad en abril pasado, el Ejecutivo acordó en mayo un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento. Sin embargo, desde el CIN advertían por la no actualización para los salarios, significativamente retrasados.
Aumento salarial a docentes por inflación
De acuerdo al proyecto que recibió media sanción, «el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales».
Mediante la iniciativa, se encomienda al Gobierno a «recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo». De diciembre de 2023 a julio inclusive, la inflación alcanzó el 90%.
Asimismo, indica que «desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación» informada por el INDEC.
Uno de los artículos aclara que esto «no será de aplicación, siempre y cuando, las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones que representan a los trabajadores de la educación superior y las escuelas pre-universitarias».
El proyecto también garantiza «la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles».