En el marco del plan de ajuste, el Gobierno busca que las provincias terminen asumiendo la deuda con organismos multilaterales como el BID y la CAF destinados a realizar obras públicas en todo el país.
Se trataría de unos u$s120 millones, por unas 80 obras públicas que deberán ser continuadas por cada provincia, según los planes del ministro de Economía, Luis Caputo.
Muchas de esas obras son claves para mejorar la infraestructura del transporte y la energía, por lo que varios gobernadores tratan de negociar con la Nación la forma de mantener a flote esos proyectos.
Luis Caputo traspasa créditos a las provincias: deberán financiar su obra pública
El Gobierno ya le transmitió a varios mandatarios provinciales las nuevas condiciones y les señaló que las obras que cuentan con financiamiento externo deberán ser continuadas por las provincias y que la Nación quedará exceptuada de la responsabilidad de saldar esas deudas.
La intención es traspasar la ejecución de la obra y la responsabilidad del crédito que la financia ante el organismo internacional.
Entre las obras que quedarían abarcadas por este cambio se encuentran las del estratégico Plan Belgrano, la iniciativa de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial para integrar productivamente a las provincias del norte entre sí, con el centro del país, con los puertos y los países vecinos.
Ese plan, que se ejecutó a medias, incluye la construcción de 150 mil viviendas sociales y también apunta a reactivar los ferrocarriles Belgrano, Mitre y Urquiza, y mejorar los aeropuertos de Iguazú, Resistencia, Tucumán y Salta para fomentar el turismo.
Las negociaciones incluyen a Catamarca, Corrientes, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. En caso de haber un acuerdo, las provincias deberán terminar las obras y pagar los créditos.
El Ministerio de Economía resolvió que las funciones de coordinación y ejecución técnica de los programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación público-privada serán ejercidas por la Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Obras y Servicios, Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
Y dispuso que esas áreas tienen la facultad para suscribir convenios con las provincias, municipios y/u otras entidades y organismos, que sean necesarios para la ejecución de los programas.
La norma estipula además que las áreas del Gobierno podrán encomendar auditorías o cualquier otro tipo de tareas que tengan como objetivo hacer más eficiente la ejecución de las obras.
Una de las negociaciones a encarar será con la provincia de Córdoba, que es la segunda con más obras de financiamiento externo, luego de Buenos Aires.
Entre los organismos multilaterales involucrados se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica y del Fonplata. Entre las obras en ejecución hay unas 40 que financia el BID y 25 la CAF.
La provincia de Buenos Aires es la que más proyectos de estas características tiene, una veintena, y será la más complicada para lograr que acepte el traspaso, en medio de la mala relación política entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei.
En los últimos días, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para tratar de agilizar las obras viales comprometidas por el Gobierno nacional y trabajar rápidamente en su reactivación.
El gobernador del norte del país logró que la Nación se haga cargo del financiamiento de los trabajos de rutas clave para la interconexión en Salta. También se incluyó en ese acuerdo la planta depuradora sur de la capital provincial, la planta depuradora y colectora máxima de Cafayate, la Ciudad Judicial de Orán y la construcción de 12 escuelas.
Las empresas de la construcción reclaman $400.000 millones
Tras las medidas de ajuste del gobierno de Milei, que incluyeron la paralización de gran parte de la obra pública, reclaman el pago de deudas por unos $400.000 millones. Aseguran que las obras ya fueron realizadas en el 2023.
Incluso, en algunas provincias varias empresas ya se presentaron en concurso de acreedores.
Los números oficiales reflejan una fuerte caída en la actividad de la construcción en los primeros siete meses del año. Además, en la construcción ya se perdieron unos 130 mil empleos.
Las empresas piden que al menos el Gobierno nacional brinde un «cronograma de pagos», para poder planificar como resistir esta fuerte crisis provocada por la parálisis de la obra pública.
En el caso de Santa Fe, la decisión del Gobierno de la provincia de hacerse cargo de algunas obras que tenía dentro de su órbita Nación, significó un leve respiro para las compañías del sector.
En efecto cascada, las compañías proveedoras de las constructoras también afrontan una fuerte crisis que termina desencadenando despidos y suspensiones.
Fuerte pérdidas de empleo en el sector
Con datos a junio último, ya se perdieron en la construcción unos 130 mil empleos, al pasar de 450 mil en diciembre último a 320 mil en junio.
En las grandes provincias, se estima que se perdió el 20 por ciento de la fuerza laboral.
En ese escenario, el Gobierno nacional admite que del total de obras de infraestructura que estaban en ejecución tras el cambio de mandato, solo continuará con fondos nacionales un 15% del total, mientras que habrá unos 2.000 proyectos que serán discontinuados, postergados sin fecha o transferidos a las provincias.
En cambio, unas 380 obras en ejecución que estaba paralizadas comenzaron a reactivarse.
Pero el golpe más duro es que un millar de obras fueron directamente discontinuadas.
Unas 900 pasarán a quedar bajo la órbita presupuestaria de las provincias en convenios marco como los que la Casa Rosada ya firmó con una docena de gobernadores. Y otras 350 fueron reprogramadas sin fecha de reanudación.
Semejante cuadro de situación preocupa al gremio de la UOCRA. El titular del sindicato, Gerardo Martínez, viene advirtiendo que «sin obra pública no hay destino de nación, no es gasto, es inversión». Por ahora, en el Gobierno piensan lo contrario, en medio de la decisión de mantener el equilibrio fiscal como sea.