El Gobierno de Javier Milei ahora sí prometió corregir el decreto 780 que restringió la Ley de Acceso a la Información. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acordó con el bloque del PRO, que encabeza Christian Ritondo, conformar una comisión de los bloques opositores dialoguistas para reformar el decreto que limitó la posibilidad de solicitar información al Estado nacional.
Según pudo saber iProfesional, esa comisión estará conformada por los diputados Silvana Giudici (PRO), Karina Banfi (UCR) y Juan Manuel Lopez (CC). Del lado del Gobierno quedaron en definir un grupo de funcionarios técnicos para analizar el conflicto.
Al salir del encuentro uno de los diputados opositores aseguró a iProfesional que «se conformará una comisión entre Giudici, Banfi y Juan Manuel López y el Gobierno definirá quienes lo representarán». Cerca del jefe del Gabinete, Guillermo Francos, y en el bloque de La Libertad Avanza negaron la información, pero otras fuentes la confirmaron.
Guillermo Francos no pudo encabezar la reunión de este lunes con diputados de la oposicion dialoguista aliada del PRO, porque se encontraba internado por un cuadro gastrointestinal y sólo fue dado de alta a media tarde, por lo cual permaneció en reposo en su domicilio. En su reemplazo, la reunion fue encabezada por Karina Milei.La secretaria general de la Presidencia es la mujer con mayor poder del Gobierno junto al presidente Javier Milei y comparte el llamado «triángulo de hierro» con el asesor sin cartera y monotributista contratado Santiago Caputo.
En los últimos días Francos había dicho en el Congreso que se podría revisar el decreto 780 y horas despues Caputo lo desautorizó, por lo cual el Gobierno dejó trascender que no iba a haber modificaciones. Pocas horas despues, Fancos cayó con un cuadro de lipotimia y fue internado en la Clínica Sagrada Familia, de Belgrano, de la cual salio este lunes.
Karina Milei avanza con el PRO en el armado de una mesa de coordinación sobre la estrategia parlamentaria
Por esa discrepancia, se filtraron versiones de que Francos y Caputo habían discutido y el jefe de Gabinete habría amenazado con renunciar, algo que ahora niegan cerca de Milei, de Caputo y de Francos. Incluso, las versiones indicaron que la familia de Francos está preocupada por las tensiones permanentes de su gestión y su edad.
El encuentro permitió que Karina Milei le informe sobre futuros proyectos de leyes como la ley de Presupuesto 2025, que irá a presentar personalmente el presidente Javier Milei y la denominada Ley Hojarascas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Pero el decreto 780 fue parte de la conversación entre el Gobierno y los legisladores.
Es que la Ley de Acceso a la Información, que ese decreto restringió, es una bandera del gobierno de Mauricio Macri, porque fue sancionada en 2026 gracias a la gestión de la entonces subsecretaria de Reforma Institucional y Mejoramiento de la Democracia, Marina Carbajal, fallecida luego en 2018. Fue trabajado entonces junto con su entonces superior, el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y con su jefe político, el ex ministro de Modernización Andrés Ibarra.
En el Congreso, esa ley fue fogoneada por las diputadas del radicalismo Karina Banfi y del PRO, Silvia Lospenatto.
Acceso a la información pública: un decreto que generó discordias
El decreto 780 fue la piedra de la discordia de un conflicto político mayor, que le valió a Milei críticas unánimes de todo el arco opositor, de todos los medios periodísticos y de 69 fundaciones de la sociedad civil dedicadas a la libertad de expresión, que condenaron la iniciativa. En su núcleo duro, el decreto restringe la obligación del Poder Ejecutivo de suministrar información si invoca que compromete la vida privada de funcionarios, lo cual es una línea muy delgada para bloquear información de interés público, como los ingresos de visitantes particulares, funcionarios o empresarios a la Casa Rosada o a Olivos.
Si esa restricción hubiera regido en 2021, no se hubiera conocido la fiesta en Olivos del ex presidente Alberto Fernández y de la ex primera dama Fabiola Yañez, en plena pandemia y en medio de la cuarentena, cuando el Gobierno había prohibido todas las reuniones sociales. La Casa Rosada podría haber denegado el acceso a esa información por ser «de carácter privado».
Esa fiesta, de hecho, se conoció a través de un pedido de acceso a la información que formuló la fundación Poder Ciudadano, que pidió al Poder Ejecutivo todos los ingresos a la quinta de Olivos durante la cuarentena y se descubrieron ingresos indebidos. En un principio fue negado por Alberto Fernández. Luego, en agosto de 2021 se filtró una foto de la fiesta y no pudo negarlo más. Esa filtración dio pie a una crisis en la pareja y ahora la justicia federal investiga una denuncia por violencia de género de Yañez hacia Alberto Fernández. Tal fue el alcance que tuvo un pedido de acceso a la información.
En la semana que pasó, el jefe del Gabinete había admitido en el Congreso la posibilidad de modificar el decreto 780, que restringe la Ley de Acceso a la Información, y que en síntesis dispone los siguientes puntos:
- Redefine qué debe entenderse por «Información pública» elimina de ese rango «la vida privada de funcionarios».
- Sobre la «documentación» requerida establece que sólo se puede pedir la generada en el marco de la actividad estatal.
- Agrega excepciones a la obligación de los funcionarios de brindar información.
- Se promueve la figura del «abuso del derecho» de pedir información cuando se presuma mala fé en la petición.
- Se puede pedir nombre, apellido, DNI y mail al requirente.
- Se puede hacer un ranking de requirentes habituales.
- Se promueve, ante un pedido de informes ya publicado en la web, el funcionario derive el pedido a esa web.
Acceso a la información pública: la estrategia parlamentaria
Para el constitucionalista Félix Lonigro, el decreto «es más restrictivo que la ley a la que reglamenta, y por lo tanto podría considerarse que, esta reglamentación, altera a la ley reglamentada, tornándola inconstitucional, porque, según la Constitución Nacional, los decretos reglamentarios no pueden alterar a las leyes que reglamenta».
De la reunion con Karina Milei, participaron este lunes el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los diputados libertarios Gabriel Bornoroni, Nadia Marquez, Carlos Zapata, Santiago Santuario, y los diputados del PRO Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, y del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone.
De la reunión surgió una agenda legislativa común. Por ejemplo, acordaron sostener el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria entre los bloques afines al oficialismo, y conformar una mesa parlamentaria para tratar los proyectos de ley que se enviarán en el futuro al Congreso, entre ellos el proyecto de Ley del Presupuesto 2025.
«Vamos a sostener el veto, pero también se acordó cambiar el decreto de acceso a la información. Lo vamos a conversar con los que ellos digan esta semana por parte del Poder Ejecutivo. De la oposición estarán Giudici del PRO, Banfi de la UCR y López de la CC», señaló una fuente parlamentaria.
No se definió aún si los eventuales cambios se harán mediante una nueva ley o mediante un decreto del Poder Ejecutivo. «Eso se verá», dijo una fuente opositora. «No hay nada de eso», señaló un funcionario oficialista, en lo que podría ser un nuevo choque entre el gobierno de Milie y la oposición, que ahora dice haber acordado una forma de convivencia y de acuerdos en común.
En caso de que el Gobierno no avance con las modificaciones del decreto 780, en la UCR y en varios bloques opositores analizan la idea de hacer un pedido de acceso y ante la denegatoria del Poder Ejecutivo hacer una denuncia por inconstitucionalidad, al tiempo que un proyecto de ley para modificar el decreto en cuestión.
«Deben aplicarlo primero y ante la negativa lo producimos.Mientras presentamos un proyecto de rechazo y un proyecto de ley para derogarlo por excederse en las facultades propias de la reglamentación», dijo a iProfesional la diputada radical Karina Banfi, de predicamento en el bloque.