A través del Decreto 959/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de los cargos hereditarios en el Estado.
«No se admitirá para acceder a un empleo en el ámbito del Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación», estableció el artículo 1°
El siguiente apartado fijó que «los órganos y entes del Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, deberán adecuar la normativa correspondiente en lo que resulte necesario» con el fin de poner en funcionamiento lo resuelto dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la flamante normativa.
Además, aclara que «en caso de que la normativa mencionada en el párrafo precedente exceda las facultades de las autoridades correspondientes, estas deberán adoptar todas las medidas necesarias para adecuar dichos regímenes a lo establecido en el presente decreto«.
El artículo 3, por su parte, indica que la Secretaría de Trabajo, organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, «no podrá homologar convenciones colectivas de trabajo celebradas por los órganos y entes del Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, que se opongan» a esta decisión.
El Gobierno, en esta dirección, invitó a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios «a dictar normas de igual naturaleza».
Por qué eliminaron los cargos hereditarios en el Estado
Según manifestó Sturzenegger al momento del anuncio, «el Gobierno de Javier Milei dio un paso más para terminar con la Argentina de las castas, ya que eliminará la prerrogativa de los empleados del sector público de tener garantizado un puesto de trabajo por carácter hereditario».
En línea con estos recortes, el miércoles pasado el Gobierno había anunciado que intimará a unos 10 mil empleados a que inicien sus trámites de jubilación. Estas medidas se suman a los más de 30 mil despidos registrados desde el 10 de diciembre en la administración nacional.
Sturzenegger ejemplificó que «en Aduana y AFIP hay una norma que dice que se atenderán los ingresos en forma inmediata de un hijo o cónyuge en caso de fallecimiento de un agente».
En el caso de ANSES, el ministro sostuvo que «para el ingreso a planta permanente, ante igualdad de condiciones, se da prioridad a hijo o cónyuge de un fallecido en actividad«, e indicó que algo similar ocurre en YPF.
También sostuvo que hay pautas similares en el Banco Nación, en el Banco Central y en Ferrocarriles Argentinos, donde incluso la Unión Ferroviaria elevaba listados de familiares de empleados para que figuren como potenciales ingresantes en caso del fallecimiento de un empleado. En todos los casos, remarcó que se busca que se ingrese por idoneidad para el cargo.
De acuerdo con un comunicado enviado por la cartera de Sturzenegger, con esta medida, «se profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro».
«Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad. Para decirlo con claridad, nunca deberían haber existido estas ventajas, porque la propia Constitución Nacional estableció en su artículo 16 que ´la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad´», señaló el parte de prensa.
El comunicado remarcó además que la práctica de heredar cargos públicos se mantuvo en varias instancias del Estado y que aunque hubo intentos previos para erradicarla, la costumbre fue restaurada. «En 2018, el Banco Central había eliminado esta posibilidad, pero en 2022 fue reintroducida en el estatuto de ese organismo», reafirmaron desde el ministerio que dirige Sturzenegger, y aclararon: «Hoy en día, tanto en niveles nacional, provincial como municipal existen normas que consolidan esta herencia de cargos públicos, especialmente mediante convenios colectivos».
El vocero presidencial, Manuel Adorni había anunciado la semana pasada que el Gobierno firmó una resolución para prohibir los cargos hereditarios en la administración pública. En su conferencia de prensa, recordó que esta facultad, desterrada durante el gobierno de Mauricio Macri y vuelta a instaurar por la gestión de Alberto Fernández, estaba explícitamente incluida en estatutos y reglamentos de la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación -entre otros organismos del Estado-.
«El delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba en la Argentina hasta el 10 de diciembre», dijo el vocero presidencial. A partir de ahora, los cargos se asignarán por mérito y esfuerzo. «En esta Argentina, nadie tiene sangre azul», agregó.
Con el nuevo decreto, la Secretaría de Trabajo no homologará ninguna convención colectiva de trabajo que incluya beneficios de este tipo. Esto significa que los acuerdos sindicales deberán ajustarse para eliminar estas prebendas si desean recibir la validación oficial, adelantó el Gobierno.