El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de «modernización de la Justicia» que busca agilizar los trámites del Poder Judicial con la digitalización de archivos y cambios en lo que refiere a los depósitos judiciales, con la intención de que se trate junto con la Ley de Hojarasca que elimina unas 70 leyes y regulaciones.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con la Ley Hojarasca debido a que comparten el mismo espíritu: desregular y/o desburocratizar áreas, dentro de la lógica de un «Estado mínimo» y menos costoso que Milei busca imprimirle a su gestión.
La idea es desburocratizar el Poder Judicial para «agilizar procesos tales como el retiro de fondos de depósitos judiciales (…) la publicación de edictos» y «digitalizar trámites», indicó el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto. Al promover que sea todo electrónico apuntan a que también se reduzcan los costos.
Según supo iProfesional de fuentes parlamentarias, el proyecto fue bien recibido en varios despachos de la oposición dialoguista donde recuerdan que casi todo su contenido ya estaba en la primera versión de la Ley Bases. «Todos los temas estaban ahí y se sacaron del dictamen, aunque nosotros estábamos de acuerdo», deslizaron en uno de los bloques cuyo apoyo será clave.
Modernización de la Justicia: cuáles son los cambios clave que propone Javier Milei
El primer cambio relevante de la «modernización de la Justicia» que impulsan Milei y Sturzenegger tiene que ver con los depósitos judiciales, donde se elimina la posibilidad de hacer «extracciones» pero se dejan las «transferencias».
El proyecto modifica el artículo 1 de la ley sancionada en 1915 y vigente al día de hoy, que regula la «extracción de fondos correspondientes a depósitos judiciales» y que sólo pueden ser removidos «por extracciones, embargos o transferencias, mediante orden del juez a cuyo nombre estén consignados, o a la de su reemplazante legal». El Gobierno quiere eliminar la palabra «extracción».
«Quitar ‘extracciones’ y dejar ‘transferencias’ tiene que ver con que obliga a hacerlo electrónicamente, por transferencia bancaria», explicó ante iProfesional uno de los asesores legales de diputados que estudia el proyecto enviado por el oficialismo, el cual deroga otros cuatro artículos de los seis que tiene la norma original de 1915.
Otro de los cambios clave que establece el proyecto está relacionado con el fin del monopolio del Banco Nación en lo que hace a los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales, al eliminar la obligación de que se hagan exclusivamente en esa entidad y permitir que se realicen en cualquier banco con participación del Estado (nacional o provincial), «a elección de los tribunales».
Esto le permitiría ingresar al sistema también a los bancos privados, dado que el Estado nacional tiene participación accionaria en varios de ellos como el Macro, el Patagonia, el Galicia o el BBVA, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
La «digitalización» de archivos, tema central para la Justicia
El tercer cambio clave apunta a la digitalización del Archivo General del Poder Judicial, donde se guardan todas las actuaciones judiciales y notariales. Aquí el proyecto modifica una norma de 1963, que lógicamente no contempla el formato electrónico.
Además de establecer que toda la documentación del Archivo puede ser «en papel o en formato electrónico», la iniciativa del gobierno de Milei obliga a que en adelante todos «los expedientes correspondientes a nuevos juicios deberán archivarse» de esa forma.
Por otra parte, también establece que los documentos en papel podrán ser «transferidos de manera electrónica con firma electrónica» cuando haya una orden judicial para ello, mientras que el original permanecerá en el Archivo. Hasta ahora esa posibilidad no estaba contemplada y se restringía el retiro de los documentos a «un plazo no mayor de un año».
Como cambio adicional, pero en línea con el objetivo de digitalizar y agilizar trámites, el proyecto de Milei también elimina la obligación de publicar los edictos judiciales en los diarios y establece que se haga solamente en el Boletín Oficial. Con esto también se favorece el formato electrónico.
Reforma con sello de Federico Sturzenegger y la Ley de Hojarasca a la cabeza: ¿qué hará el Congreso?
Junto con la «modernización» judicial, el Gobierno envió otro proyecto para reglamentar el «divorcio exprés». En rigor, lo que hace es permitir que la disolución del matrimonio de común acuerdo se haga con un trámite administrativo ante el Registro Civil, sin necesidad de pasar por sede judicial.
Ambas iniciativas fueron enviadas al Congreso junto a la Ley de Hojarasca. Según supo iProfesional, esto se debe en parte a que la intención inicial del oficialismo es que se traten «en paquete». Y es que los tres proyectos corresponden a la agenda de gestión del ministerio que encabeza Sturzenegger.
Con esa hoja de ruta, el ministro de Transformación del Estado participó de la reunión en Casa Rosada que encabezaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, con la llamada «mesa parlamentaria» que integran los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el MID. También asistió el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
Allí el Gobierno buscó consensuar la estrategia parlamentaria para avanzar con este paquete de proyectos, en momentos en que los diputados están abocados al Presupuesto 2025 y tanto los tiempos como la disponibilidad para reunir a las comisiones se ven condicionados por ese debate, mucho más central para todos.
Las tres iniciativas serán giradas, en principio, a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Justicia. Todas están encabezadas por diputados de La Libertad Avanza como Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, quienes también participaron de la reunión junto al jefe del bloque oficialista, Gustavo Bornoroni, y su par del PRO, Cristian Ritondo, entre otros.
Según supo este medio, en Diputados todavía hay un cronograma definido, pero se especula que el debate podría empezar la semana próxima. En cualquier caso, el gobierno de Javier Milei ya puso en las manos del Congreso una reforma amplia, dividida en tres proyectos distintos que apuntan en el mismo sentido: eliminar regulaciones y agilizar trámites, esto último, un aspecto clave para el funcionamiento de la Justicia.