Una propuesta para incentivar a empleadores a contratar más personas con discapacidad en sus empresas, y así transformar el vínculo de la neurodiversidad y el Estado en la Argentina, ingresó en los últimos días al Congreso de la Nación y puede llegar a buen puerto en la Cámara de Diputados en el venidero año parlamentario.
Según los últimos datos oficiales, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. Y en ese contexto, existe la Ley 22.431, que busca garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades. Las empresas públicas y privadas que tengan 25 o más trabajadores deben contratar al menos un 4% de personas con discapacidad.
Sin embargo, hay quienes han decidido que casi el 100% de su nómina esté compuesta por personas con discapacidad. Por ejemplo, «Alamesa», un proyecto que impulsa la inclusión laboral con trabajadores neurodivergentes y en el que el diputado nacional del radicalismo, Martín Tetaz, se inspiró para presentar su proyecto de Promoción del Empleo para personas con discapacidad».
«Esta ley está motivada en una experiencia personal; un almuerzo en el restaurante ‘A la mesa’: la primera iniciativa gastronómica privada que sin ningún tipo de subsidios emplea 40 personas neurodivergentes y con otras discapacidades, incluyéndolos en la vida social productiva y cambiando de raíz la lógica de un sistema que no contiene ni crea posibilidades para la gente con capacidades diferentes, un mecanismo que los aísla de la vida social y los mantiene en la dependencia eterna», fundamentó el diputado radical en su proyecto, que también está firmado por los legisladores nacionales: Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Gabriela Brouwer De Koning, Karina Banfi, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Atilio Benedetti y Roberto Sánchez.
En ese sentido, a lo largo de 8 artículos, el proyecto de ley propone que los emprendedores gastronómicos que le dan trabajo a personas con discapacidad no paguen impuestos laborales.
«Incentivo para empleadores: Los empleadores de la actividad privada, en todo nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la presente ley, al emplear a personas con discapacidad, que reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo, gozarán de descuentos en las contribuciones establecidas en el artículo 11° de la ley 24.241, las establecidas en el artículo 16° inciso a de la ley 23.660, las establecidas en el artículo 8° inciso e) de la ley 19.032 y sus modificaciones y complementarias», describe el artículo 1 de la propuesta presentada.
En concreto, el proyecto propone que se le otorgue a las empresas el beneficio de no pagar el 16% de impuestos en concepto de cargas patronales.
«Los descuentos serán determinados por la autoridad de aplicación y no podrán ser inferiores al importe correspondiente a la pensión por discapacidad que perciba el trabajador, al momento de la contratación», detalla el texto.
Eliminar la dependencia del Estado: el desafío de Martín Tetaz
Además, los diputados que proponen esta quita de impuestos laborales a quienes contraten personas con discapacidad, aseguran que la iniciativa no solo busca darle un incentivo a los empleadores, sino que su objetivo central también es «cambiar radicalmente el paradigma de la neurodiversidad y así dejar atrás el subsidio y la dependencia de las personas que pueden trabajar y ser productivos por sí mismos e inmersos totalmente en la sociedad».
En ese contexto, los diputados nacionales argumentaron con números su análisis respecto de modificar y transformar el vínculo del Estado con las personas con discapacidad y que, de verdad, este grupo pueda acceder a una vida y condiciones más dignas.
Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por discapacidad cobraron en diciembre 2024 haberes por $181.719 (Pesos Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos con Diecinueve), un importe que no resulta suficiente para gozar de una vida digna, con acceso a necesidades básicas como salud, vivienda, seguridad, educación y alimentación.
«Siendo realistas, difícilmente una persona pueda mantenerse exclusivamente con el dinero que reciba por la pensión de discapacidad, el cual es el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio», reza en los fundamentos del proyecto. Por esa razón, creen que con la «Promoción del Empleo para personas con discapacidad» que propone, sí habrá un cambio de paradigma real que impacte positivamente en esa porción de la sociedad.
En ese contexto, Tetaz detalló que en su visita al local «Alamesa», los emprendedores le dieron detalles sobre las dificultades en materia impositiva que aborda el rubro gastronómico. «Le dan trabajo a 40 jóvenes con neurodiversidad, pero les cuesta mucho abordar los impuestos para poder sumar personas con discapacidad. Por eso necesitan, urgente, tener una carga impositiva menor», dijo.
Y agregó: «Les resulta imposible sumar empleados. Entonces, tomé este caso como disparador para el proyecto».
«Obviamente, trabajar con personas que tienen problemas exige mayores cuidados, atención, e inversiones que elevan los costos de producción, pero del mismo modo que no es tan eficiente una actividad llevada adelante por gente que posee algún tipo de discapacidad, tampoco es sostenible un sistema de subsidios que no mejora las chances de inclusión y que encarece todos los sistemas productivos, por la vía de mayores impuestos para financiarlos», argumentó el diputado nacional.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 80% de las personas con discapacidad en Argentina están desempleadas.
La propuesta no impactaría en el equilibrio fiscal
Por otro lado, los diputados aclararon que el proyecto presentado no tiene costo fiscal alguno en el corto plazo, «porque se trata de reducir la carga tributaria para la contratación de nuevos trabajadores que hoy están desempleados y, por lo tanto, no pagan ningún impuesto».
«Pero además, en el caso de las personas con discapacidad reciben una pensión por parte del Estado, de modo que en la práctica estamos cambiando una pensión que no logra incluir, por un menor costo impositivo, para favorecer la contratación de esas personas en el mercado de trabajo», fundamentaron.
«No estamos proponiendo ningún tipo de ayuda sino una regla de sentido común, que cuando las condiciones económico-financieras del Estado lo permitan, debería ser un principio universal; un país subdesarrollado no puede cobrar impuestos a los que invierten, producen y generan oportunidades laborales», sentenciaron.
A su vez, instaron a los diputados nacionales de todos los bloques a interesarse en el proyecto, alegando que «en el voto de los legisladores está la posibilidad de cambiar de raíz el paradigma de la discapacidad en Argentina, sumándose a iniciativas similares a las que ya se están aplicando por ejemplo en Uruguay».
«Todos vamos a tener algún tipo de discapacidad alguna vez; algunos tienen la mala suerte de sufrirla desde niños, otros la experimentan cuando son adultos mayores y el cuerpo pasa factura al transcurrir los años. Tenemos la oportunidad histórica de hacer algo antes, para asegurarnos que cuando la discapacidad nos toque a la puerta nos encuentre preparados para seguir sumando nuestro aporte productivo a la sociedad», cerró Martín Tetaz para fundamentar el proyecto de ley.