El «Messi de las finanzas», Luis «Toto» Caputo, siempre tiene una salida elegante hacia el lateral para no tirar la pelota afuera. Esta vez diseñó una jugada para cumplir con el mandato de los ciudadanos que votaron a Javier Milei de reducir impuestos pero, pensando, en realidad, como acumular reservas para el Banco Central que fue la gran deuda pendiente entre los puntos acordados con los burócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 38/25 de baja de retenciones para el sector del agro que representa el más competitivo del país y que sufre una crisis financiera en varias de sus empresas, una preocupación constante por la sequía que siempre acecha, y una baja en las cotizaciones en el mercado mundial que complica los planes de inversión a futuro.
Se trata de un decreto que especifica, en su segundo anexo, que los cereales tributarán el 9,5% de DEX (derechos de exportación), siempre y cuando las agroexportadoras acepten anticipar dentro de los 15 días de declarado un embarque las divisas que correspondan. Esto abarca tanto al trigo, a la cebada y al maíz, aunque se hacen algunas excepciones.
El maíz Pisingallo tributará 0%, el maíz flint o Plata en envases de hasta 2 kilos lo hará 4%, y a granel 5,5% y en el caso de la cadena triguera, la harina de trigo tributará 5,5%. La harina de maíz y de otros cereales tributará 4%. Cuandos se exporten en pellets, ambos cereales (trigo y maíz) más la cebada pagarán 4%.
Pero, más allá de estas exclusiones, la condición, sine qua non, para acceder a la rebaja y tributar menos por cada tonelada vendida al resto del mundo, es la de adherirse al régimen, realizar una declaración jurada con los volúmenes de venta y liquidar, al menos, el 95% de lo declarado en 15 días hábiles. Si no se cumplen esas premisas, los exportadores seguirán tributando lo mismo que venían haciéndolo hasta el viernes 24 de enero.
El agro: el nuevo financista del Banco Central
Ante estas cláusulas, varios analistas comienzan a pensar que no son los problemas del campo los que más preocupan a la administración de Milei para lanzar este decreto sino la imperiosa necesidad de mostrar resultados al principal acreedor de la Nación, el FMI.
Para el equipo del Palacio de Hacienda el alivio fiscal generará expectativas de un mayor ingreso de divisas en los próximos días que será clave para respaldar la reducción de la brecha del dólar y poner sobre rieles la negociación con los técnicos del Fondo que suelen señalar que la acumulación de divisas es la única meta que se incumplió en el 2024.
Si vamos a los números. La baja de los derechos de exportación para los principales seis granos que se comercializan tiene un costo fiscal cercano a los 800 millones de dólares, un 013% del PBI según estimaciones del IERAF. Sin embargo, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, analizan que hay mucho grano retenido, una oferta cercana a los 10 millones de toneladas de soja que si se comercializaran, representarían 500 millones de dólares y, a ese ingreso, habría que sumarle una mejora en la recaudación por el retoque realizado a las alícuotas, del orden de 1.000 millones de dólares.
Frenta a esta decisión ejecutiva lo que realmente se inauguró es un esquema de beneficios impositivos y para acceder a ellos hay que cumplir exigencias. Hay un tiempo para acceder. Son 15 días hábiles y deben liquidar al menos el 95% de las divisas para acceder a la rebaja de los impuestos.
Para participar, multinacionales como Cargill o nacionales como Molinos deberán adherirse «a través de los mecanismos que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)«, probablemente, a través de una nueva declaración jurada de exportaciones.
De esta forma queda expuesto, en blanco sobre negro, que para obtener el beneficio del gobierno libertario hay que convertirse en financista del Banco Central, aquel que se prometió reducir a escombros pero que hoy se intenta sanear.
Por ello, la reciente frase contundente de Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, ante el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. «Todo perfecto, pero los derechos de exportación tienen que desaparecer de la Argentina».