El sistema vial del país atraviesa una grave crisis, según lo denunciado por autoridades de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) en una reunión con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca.
En el encuentro, se expuso el preocupante abandono de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que afecta particularmente a los usuarios y transportistas del interior del país.
Mario Emmert, presidente de AATHA, y Mario Ramello, gerente de la entidad, señalaron que el gobierno nacional está incumpliendo la Ley Nº 12.625, que establece que los impuestos recaudados por la venta de combustibles y aceites lubricantes deben destinarse exclusivamente a la conservación, mejora y construcción de la infraestructura vial. Sin embargo, según los representantes del sector, dichos fondos no están siendo utilizados para estos fines.
A pesar de la recaudación constante de estos tributos, no se ha avanzado en la reparación de las rutas nacionales, siendo 2024 un año en que no se completó un solo kilómetro de obra vial.
En particular, la Ruta Nacional Nº 11, que atraviesa casi 1000 kilómetros desde Rosario hasta la frontera con Paraguay, se encuentra en un estado crítico, poniendo en riesgo a los transportistas y usuarios que la transitan, especialmente con vehículos de carga pesada.
Ramello subrayó que la situación de esta vía es extremadamente peligrosa y que la falta de mantenimiento está generando un creciente número de accidentes, incluyendo vuelcos y siniestros fatales.
Además, los transportistas enfrentan costos adicionales debido al mal estado de las rutas. Emmert explicó que el deterioro de la Ruta 11, que abarca desde Vera hasta San Justo, ha causado un desgaste significativo en los camiones, elevando los gastos operativos. Un ejemplo de esto es el costo de las cubiertas, que actualmente alcanzan los 580.000 pesos, un gasto adicional derivado de la calidad deficiente de las rutas.
Esto, sumado al alto consumo de combustible generado por el estado de las mismas, aumenta considerablemente el precio del transporte de carga.
La Cámara de Transportistas ha realizado múltiples gestiones ante Vialidad Nacional para obtener respuestas, sin embargo, no han recibido ninguna solución ni acciones concretas.
Los tramos de ruta que se encuentran en buen estado son los que conducen hacia la Ciudad de Buenos Aires, dejando el resto del país en un estado deplorable.
En otro orden, los representantes de AATHA informaron que están llevando a cabo cursos de formación para futuros camioneros en Formosa, con el objetivo de profesionalizar el sector. Sin embargo, también solicitaron que los exámenes psicofísicos necesarios para obtener las licencias de conducir se realicen en cada provincia, evitando que los choferes de la región deban trasladarse a otras ciudades, como Resistencia, para cumplir con los requisitos.
El Defensor del Pueblo, Dr. Gialluca, se comprometió a gestionar acciones con las autoridades competentes y denunció la falta de claridad sobre el destino de los fondos que, según la Ley Nº 12.625 de 1939, deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial. Además, criticó la situación de las privatizaciones de las trazas nacionales, mencionando que «Corredores Viales S.A.», una empresa pública encargada de la gestión de las rutas, no puede ser privatizada ya que no posee activos ni pasivos, y sus únicas atribuciones están en manos de Vialidad Nacional.
La Defensoría solicitó formalmente al Administrador General de Vialidad Nacional, Ing. Marcelo Jorge Campoy, un informe detallado sobre el uso de estos fondos, que hasta el momento no ha sido esclarecido.
El panorama es desolador para los transportistas y usuarios de las rutas nacionales, quienes continúan enfrentando condiciones inseguras y costos elevados, mientras que los fondos destinados a la mejora de la infraestructura vial parecen estar siendo desviados o mal gestionados, lejos de cumplir su propósito.