El documento analiza 302 legajos que tramitan en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. El 22% de los casos finalizó y, de esa cifra, el 67% de las personas implicadas incumplió con lo establecido en las probations. Los delitos contra la propiedad (hurtos y robos) aglutinan el 96% de los delitos imputados a esa población.
La Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal (UFIMAPP), a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos, presentó su informe sobre casos que involucran a población en situación de calle con suspensión de juicio a prueba (SJP), que tramitan ante la Justicia Nacional en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. El documento analiza las cifras del período comprendido entre el 1° de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2024, y señala que, de los 5.171 legajos de personas con SJP, 302 (6%) tienen imputadas a personas en situación de calle.
El objetivo del informe es determinar la dimensión de la población en situación de calle que cumple o cumplió con una suspensión del proceso a prueba, identificar ciertos aspectos sociodemográficos y relevar algunas variables sobre la intervención del sistema de administración de justicia.
Los datos
El documento indica que el 65% de las SJP de la población en situación de calle se concentra en los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, mientras que el 35% restante se aglutina en los Tribunales Orales Criminales y Correccionales y en las Fiscalías ante los TOCC. Además, los hechos de hurtos y robos (simples y agravados) constituyen el 96% de los delitos imputados, siendo el robo simple el que mayor cantidad de casos registra (60%).
De los 302 legajos analizados, surge que la mayoría (90%) de la población en situación de calle con SJP son hombres, nacidos en la Argentina (92%), cuentan con documentación identificatoria (95%), se concentran en un rango etario que va de los 23 a los 37 años (65%), y no han completado el ciclo de educación formal obligatoria (65%).
El 38% de esta población está desocupada, mientras que un 43% son trabajadores por cuenta propia sin calificación entre los que predominan quienes tienen ocupaciones altamente precarias e informales como las changas, la venta ambulante o el cartoneo.
En cuanto a su situación habitacional, el 48% declara como domicilio la vía pública, en un 29% de los casos no se dispone de información, un 7% indica como domicilio la sede de la Defensoría General asignada a su caso y el 16% restante condensa a un grupo de personas que declaran la dirección de algún familiar, una organización comunitaria a la que asisten o un parador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde suelen pernoctar.
El documento destaca que “en más de la mitad de los casos se advierte la carencia de informes socio ambientales que pongan de relieve las especificidades de cada caso y contribuyan a optimizar la aplicación de las reglas de conducta, tanto en términos de resultados como de cumplimiento”.
En relación al plazo de supervisión de las probations, el más utilizado es el de 12 meses (84%), luego el de 24 meses (7,6%) y el de 18 meses (6%).
En cuanto a las reglas de conducta impuestas, en el 97% de los casos se impone la regla de fijar residencia; en el 66% la de realizar trabajo comunitario -el 98% de ellos, en organizaciones no gubernamentales-; y en el 57% se aplica la reparación económica. También, en el 23,5% de los casos se aplicaron reglas vinculadas al tratamiento de la salud mental y consumos problemáticos; 12,5% tratamientos médicos y, en un 6%, se efectuaron evaluaciones en el Cuerpo Médico Forense o se derivaron al Programa de Justicia Terapéutica, cursos para adicciones a sustancias problemáticas y asistencia a la Red Puentes. Asimismo, el relevamiento también señala que, en el 17,5% de los casos, se aplicó la prohibición de concurrir a lugares y/o de relacionarse con ciertas personas.
Finalmente, el informe indica que 78% de los legajos aún continúan en trámite y el 22% restante han finalizado. De esa cifra, en 45 casos (67%) las personas sometidas a proceso incumplieron con lo establecido en la SJP. Asimismo, entre los incumplimientos de las SJP, en el 44% de los casos las personas fueron imputadas por otros delitos, en un 24% el tiempo de supervisión se extinguió, en un 19% de casos se revocó la probation, un 7% de los legajos volvió al tribunal de origen por desistimiento de la SJP, en un 4% se incumplieron las reglas de conducta, y en un 2% se declaró la rebeldía de la persona.