En un hecho que ha generado gran preocupación y malestar en la comunidad, la Defensoría del Pueblo de la Provincia ha tomado cartas en el asunto luego de la denuncia presentada por Roxana Barreto, madre de un joven de 23 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y retraso mental severo.
El caso involucra a la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que denegó la autorización de la medicación prescrita para su hijo debido a una barrera burocrática, poniendo en riesgo la continuidad del tratamiento.
El joven, quien fue ingresado el pasado domingo a la guardia de emergencia del Hospital Central por atragantarse con alimentos, fue derivado al mediodía del lunes 24 a la Clínica Vrsalovic.
Allí permaneció internado hasta el jueves 27, cuando fue dado de alta para continuar su tratamiento domiciliario.
Según informó su madre, la Obra Social del SPF se negó a autorizar la medicación recetada por la profesional tratante debido a que la receta no se había realizado en el formato preimpreso requerido por la prestadora de salud.
Ante esta situación, la madre del joven acudió a un facultativo del sector público de la provincia para cumplir con la formalidad y asegurar que su hijo no interrumpiera el tratamiento, lo que podría haber acarreado complicaciones graves.
La Defensoría del Pueblo, al tomar conocimiento del caso, ha exigido a la obra social la eliminación de las barreras burocráticas que dificultan el acceso a los tratamientos y medicamentos necesarios para los afiliados.
Además, solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano que intensifique la capacitación de los funcionarios y agentes de salud, tanto públicos como privados, para asegurar una adecuada atención en situaciones de urgencia, especialmente en el caso de pacientes con Trastornos del Espectro Autista (TEA), TGD, personas discapacitadas, adultos mayores y otros grupos vulnerables.
En este marco, se recordó la importancia de respetar los protocolos sanitarios vigentes, que establecen que la contención mecánica o los procedimientos para limitar la movilidad de los pacientes solo deben aplicarse cuando sea estrictamente necesario para garantizar la seguridad del paciente y de terceros.
Las imágenes que se viralizaron en redes sociales, en las que se observa al joven amarrado con vendas a una cama durante su internación, fueron un tema de debate público.
La Defensoría del Pueblo ha instado a una revisión de estas prácticas, señalando que deben evitarse en la medida de lo posible, especialmente cuando se trata de personas con condiciones de salud particulares.
Además, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, ha realizado un llamado urgente al Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, y al Ministro de Salud, Dr. Mario Iván Lugones, quien tiene a su cargo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Gialluca ha solicitado que se deje sin efecto la Resolución Nº 187/25, que establece criterios para la revisión y reparto de pensiones no contributivas a personas con invalidez.
En dicha resolución, el organismo a cargo de Diego Spagnuolo utiliza términos obsoletos y discriminatorios, como “imbécil”, “idiota” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad, basándose en su coeficiente intelectual.
Gialluca ha calificado estos términos como un acto de violencia institucional y discriminación, contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que Argentina ha adoptado como parte de su legislación.
El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por el uso de estas categorizaciones arcaicas, que no solo son ofensivas, sino que también reflejan un modelo desactualizado y despectivo hacia las personas con discapacidad.
“Estos términos constituyen un acto de violencia institucional sin precedentes en el país y son un claro desconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
El uso de estos términos es profundamente discriminatorio y no tiene cabida en una sociedad que se considera inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”, denunció Gialluca.
La Defensoría del Pueblo continuará impulsando acciones para que se eliminen estas barreras burocráticas y se implementen las reformas necesarias para garantizar una atención de salud adecuada y sin discriminación para todas las personas, sin importar su condición de salud.
La comunidad exige una respuesta inmediata y un cambio en las políticas públicas para que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, reciban el trato y la atención que merecen.