Desde el Organismo de la Constitución se ha emitido un comunicado en el que se aclara que, si bien no hay oposición a los controles ni a la transparencia en lo relacionado con las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, se está solicitando que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revise el proceso que está aplicando, el cual se considera injusto e inconsistente con las realidades sociales, económicas, culturales y geográficas de las distintas provincias del país.
En este sentido, se denunció que el proceso está siendo diseñado de manera uniforme para todo el territorio nacional, sin considerar las particularidades de cada región, lo que está generando serias dificultades para quienes deben cumplir con los plazos y requisitos exigidos. Según se explicó, muchas personas no tienen en su poder los estudios médicos realizados hace 20 o 30 años, y la obtención de nuevos estudios resulta una tarea complicada, no solo por la falta de tiempo sino también por la necesidad de simplificar la documentación a presentar en cada entrevista.
A modo de ejemplo, se citó el caso de la localidad de Herradura, en la que los beneficiarios recibieron notificaciones mediante cartas documento indicándoles que debían concurrir a una clínica en Lucio V. Mansilla que, en realidad, no existe. Asimismo, los habitantes de Misión Laishi recibieron instrucciones para presentarse en una clínica en Herradura que tampoco está operativa.
Esta confusión ha generado malestar y alarma entre los beneficiarios, que ven cómo los plazos y las exigencias son inalcanzables.
La situación ha sido abordada de manera urgente por los actuales Directores del Instituto de Comunidades Aborígenes de las etnias Qom, Pilagá y Wichí, quienes se reunieron con el Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, y el Encargado de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación en la provincia, Dr. Julio Néstor Santander.
En esta reunión, se expusieron las graves irregularidades que surgen del proceso de auditoría que lleva adelante la ANDIS, bajo la gestión del Gobierno Nacional de Javier Milei.
Los representantes de las comunidades originarias denunciaron que las notificaciones enviadas por la empresa contratada para este proceso, Urbano Express S.A., no están siendo entregadas adecuadamente y poseen un lenguaje técnico que no es comprendido por los destinatarios, especialmente en comunidades indígenas. Además, los plazos establecidos para presentar la documentación médica son extremadamente cortos, lo que resulta impracticable para los beneficiarios, que deben solicitar los estudios médicos en establecimientos de salud pública, a menudo sin contar con los medios ni el acceso necesario.
Las autoridades de las comunidades aborígenes insistieron en que la discapacidad no debe ser vista como una cuestión puramente médica, sino como el resultado de una interacción entre las características de las personas y las barreras sociales y ambientales que enfrentan.
En este sentido, subrayaron que no hay personas «inválidas» para trabajar, sino que todas pueden hacerlo si se les brindan los apoyos necesarios. Por ello, pidieron que el Gobierno Nacional considere también las barreras sociales y económicas a la hora de evaluar a los beneficiarios de la PNC, y no se limite únicamente a las etiquetas médicas.
En cuanto a la suspensión de las pensiones, los representantes de las comunidades alertaron sobre las consecuencias devastadoras que podría tener la pérdida de estos beneficios para miles de originarios. Estas pensiones son cruciales para la adquisición de alimentos esenciales y medicamentos, y su eliminación podría poner en riesgo la supervivencia de muchos.
Por ello, solicitaron al Organismo de la Constitución que presente una demanda judicial en los tribunales federales para que se reevalúe el proceso de auditoría llevado adelante por la ANDIS. De ser necesario, pidieron que se llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para garantizar una resolución justa
El proceso de auditoría ha sido dividido en varias etapas: la citación formal, la entrevista y control médico, la revisión de la documentación y la resolución final. Sin embargo, en muchas comunidades originarias, la citación formal no se ha realizado adecuadamente, ya que las cartas documento no incluyen la información necesaria, como el lugar, fecha y horario de la cita, lo que invalida las notificaciones. Además, los beneficiarios no pueden asistir a las entrevistas médicas debido a la falta de acceso a los centros de salud privados contratados por el Gobierno Nacional, lo que dificulta aún más la evaluación.
Los firmantes hicieron un llamado urgente a que el Estado Nacional implemente un proceso de auditoría más flexible y adaptado a la realidad de las comunidades originarias, sin desconocer sus particularidades sociales, culturales y geográficas. Para que este proceso sea efectivo y justo, sostuvieron, debe ser progresivo y escalonado, teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan las personas para cumplir con los requisitos en los plazos establecidos.
En este contexto, las comunidades originarias de Formosa piden una respuesta rápida y efectiva para evitar que más personas pierdan el derecho a las pensiones por invalidez laboral, y para garantizar que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen o situación socioeconómica.