En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Miguel Montoya, diputado provincial de la Unión Cívica Radical y miembro del Jurado de Enjuiciamiento, habló sobre la situación del Juez Julio Mauriño, quien se encuentra imputado por violencia laboral tras el robo de armas de su despacho en Clorinda, hecho que salió a la luz hace algunos meses, y ha generado un proceso judicial que ya ha tenido implicancias importantes en el Magistrado que recientemente fue apartado del cargo.
Primero, Montoya explicó cómo llegó a formar parte del Jurado y qué significa esta situación. “El jury de enjuiciamiento está previsto en nuestra Constitución. En este sentido, tiene la función de analizar el desempeño de los jueces, tanto para nombrarlos como para sancionarlos en caso de mal desempeño en sus funciones”, expresó el legislador, destacando la importancia de esta figura dentro del sistema judicial.
El Jurado de Enjuiciamiento, compuesto mayormente por miembros oficialistas, opositores de la legislatura y abogados del foro local, está presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia. En el caso de Mauriño, se está tratando una denuncia por violencia laboral de un empleado del juzgado. Este expediente inicial se amplió con la aparición de nuevos elementos que involucraron la desaparición de armas de su despacho, lo que agudizó aún más las acusaciones contra el juez.
“El principal motivo de nuestra intervención tuvo que ver con la denuncia de violencia laboral. Tras la investigación inicial, surgieron más pruebas que involucran al juez en la sustracción de armas que estaban bajo su custodia”, relató Montoya. En la investigación, se descubrió que las armas secuestradas en operativos policiales desaparecieron de su despacho, lo que abrió una nueva línea de acusación por extravío de pruebas.
Montoya hizo hincapié en que las pruebas en casos penales son fundamentales para el desarrollo de los juicios. “En el derecho penal, las pruebas son muchas veces el cuerpo del delito. Si se pierde una prueba esencial, como un arma en un caso de homicidio, se pone en riesgo todo el proceso judicial. La infraestructura en algunos juzgados, especialmente en el interior, debería mejorar para garantizar el resguardo de estas pruebas”, señaló.
Acusaciones y consecuencias
El Jurado, tras varios meses de análisis y recolección de pruebas, decidió acusar formalmente al juez Mauriño, lo que llevó a su suspensión inmediata hasta que se resuelva el juicio. “La acusación trae como consecuencia la suspensión del juez hasta tanto se resuelva todo el proceso y se llegue a un veredicto final. Ahora, Mauriño tendrá la oportunidad de defenderse, contar su versión de los hechos y ser asistido por un abogado”, explicó Montoya.
En cuanto al cargo por el que se lo acusa, Montoya remarcó que no solo se trata de la violencia laboral, sino también de la falta de celeridad en algunos expedientes y el extravío de armas. A pesar de las acusaciones, el diputado insistió en que, por ahora, no se puede prejuzgar al juez. “El juicio determinará si realmente el extravío de estas armas es responsabilidad de Mauriño o si hay otros factores involucrados. Lo que es claro es que quien está a cargo del juzgado es el responsable, aunque tendrá la oportunidad de defenderse”.
La visión política de Montoya sobre la justicia
Además, Montoya aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el sistema judicial y la necesidad de reformas. “Nuestra posición política siempre ha sido clara: la justicia debe ser independiente, rápida y eficiente. Creemos que el sistema acusatorio debe ser implementado de manera urgente, como ya lo tienen otras provincias. Las reformas son necesarias para garantizar un sistema de justicia más ágil y transparente”, concluyó.