La reciente decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la eliminación progresiva de los subsidios energéticos, como parte de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar un nuevo préstamo, tendrá un fuerte impacto en más de 25.700 hogares formoseños. Así lo advirtió el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, quien expresó su preocupación por el efecto que esta medida tendrá sobre los sectores medios y bajos de la población.
La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación, implicará que numerosos usuarios pasen a pagar la tarifa plena del servicio eléctrico. En particular, se verán afectados los hogares clasificados dentro del segmento N3 (ingresos medios), que comenzarán a afrontar un aumento significativo en sus boletas de luz luego de las elecciones de octubre. Esta suba se dará en un contexto de alta inflación, fuerte endeudamiento familiar y un marcado deterioro del poder adquisitivo.
Gialluca criticó duramente la decisión, afirmando que «los usuarios de ingresos medios están siendo tratados como si fueran familias de altos ingresos, cuando en realidad atraviesan una situación económica crítica». Además, alertó que esta política tarifaria empuja a miles de trabajadores a tener que elegir entre pagar los servicios básicos o comprar alimentos para sus familias.
El Defensor del Pueblo también remarcó que la reciente devaluación del peso —derivada de la liberalización del cepo cambiario y la cotización del dólar a valores reales por encima de los $1000— ha generado un fuerte impacto en los precios y en la economía cotidiana de las familias. “La gente se entera de la crisis cuando va al supermercado o recibe la boleta de luz. Las subas son impagables”, sentenció.
Mientras tanto, en Formosa aún permanece vigente el programa “Subsidio Esfuerzo Formoseño”, que cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para usuarios de bajos y medianos ingresos que consuman hasta 700 kWh mensuales. Esta ayuda provincial alcanza a más de 183 mil hogares y representa un importante alivio ante la inminente eliminación de la segmentación energética a nivel nacional.
Con esta nueva etapa de ajuste, el Gobierno Nacional prevé que tres millones de argentinos dejen de recibir subsidios y pasen a pagar tarifa plena. El único beneficio que se mantendría sería para los sectores de menores ingresos, pero limitado al consumo de 350 kWh mensuales. Todo consumo excedente deberá ser abonado sin subsidios.
«Estamos ante una situación donde se le impone el peso de los tarifazos a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado», concluyó Gialluca, quien solicitó formalmente al Ministerio de Economía la adopción de medidas compensatorias urgentes.