El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció públicamente que se están llevando a cabo suspensiones ilegales de pensiones no contributivas por invalidez en el marco de la revisión masiva que realiza el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei.
Gialluca informó que se ha presentado una intimación formal a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) exigiendo que se abstenga de continuar con estas prácticas, que calificó como contrarias al marco legal vigente. “Las suspensiones sin resolución son ilegales”, afirmó, remarcando que el Estado no puede utilizar “vías de hecho” para quitar beneficios que han sido otorgados formalmente.
El funcionario fue contundente al señalar que si una pensión fue otorgada mediante una resolución administrativa, solo otra resolución del mismo carácter puede suspenderla o revocarla. De no cumplirse ese procedimiento, advirtió, se incurre en una práctica arbitraria que podría derivar en acciones judiciales, dado que se estaría afectando el derecho de personas en situación de vulnerabilidad.
Gialluca también recordó que las pensiones no contributivas por invalidez son un derecho instituido por la Ley 13.478, sancionada en 1948 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. “No se trata de jubilaciones ni de retiros por invalidez del régimen previsional”, explicó. “Estas pensiones son una asistencia estatal dirigida a personas con discapacidad, sin recursos económicos y sin posibilidad de inserción laboral”, subrayó.
Asimismo, explicó que las pensiones no contributivas son inembargables y tienen un régimen distinto al de los retiros por invalidez, los cuales sí contemplan aportes previsionales y una revisión obligatoria a los tres años, procedimiento que incluso ha sido declarado inconstitucional en algunos fallos judiciales.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades nacionales a respetar la legalidad vigente y garantizar los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de la población. “No podemos permitir que, por decisiones administrativas apresuradas o ideologizadas, se deje sin sustento a miles de argentinos que dependen de estas pensiones para vivir”, concluyó.