Un intento grotesco de suplantar la institucionalidad en la UNaF expone la necesidad de sancionar con seriedad los golpes académicos encubiertos
En septiembre de 2021, la Universidad Nacional de Formosa vivió un episodio que parecería sacado de una comedia bufa, si no fuera porque puso en jaque principios básicos de la vida democrática universitaria. Un grupo de docentes —más entusiasmados por el oportunismo que por la legalidad— intentó autoconvocar una Asamblea Universitaria sin cumplir con ninguno de los requisitos estatutarios. No se trató de una elección barrial ni de una mesa chica partidaria: intentaron suplantar el órgano colegiado más importante de gobierno universitario.
Y lo hicieron con la solemnidad del que se cree protagonista de una épica institucional, pero sin el más mínimo respeto por el procedimiento. Actuaron como si en la UNaF no existiera estatuto, ni reglamento, ni historia. Como si las normas fueran sugerencias. Como si la democracia universitaria se resolviera a mano alzada entre amigos en un aula prestada.
El episodio, denunciado públicamente por las autoridades universitarias, fue presentado por sus protagonistas como un acto de «resistencia», pero rápidamente fue desarmado por la legalidad que tanto pretendieron ignorar. Porque en las universidades nacionales —autónomas, sí, pero no anárquicas— las decisiones se toman conforme a la ley, no por consenso improvisado.
La pregunta que sigue abierta es: ¿qué hacemos con quienes violan con total impunidad los marcos institucionales? La historia reciente de otras universidades ofrece algunas respuestas.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, se conformaron comisiones internas para sustanciar sumarios académicos a docentes que intentaron desconocer la autoridad de los órganos colegiados. En al menos dos casos, la conclusión fue clara: remoción de cargos y baja definitiva por falta grave contra la ética académica. Lo mismo ocurrió en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde una comisión de ética universitaria determinó la cesantía de docentes que habían intentado imponer resoluciones fuera de cualquier marco legal. Las universidades, cuando funcionan, se defienden.
Porque la autonomía no es carta blanca para la arbitrariedad. Porque el cogobierno no significa asamblea permanente ni dictadura del pasillo. Porque la autarquía exige responsabilidad. Y porque, por sobre todas las cosas, la universidad pública no puede ser rehén de prácticas oscuras ni de grupos que actúan como si el estatuto fuera un papel decorativo.
En la UNaF, el intento de suplantación de la Asamblea no puede quedar en anécdota. La gravedad institucional de lo ocurrido amerita algo más que comunicados. Si en otras universidades los intentos de golpe académico fueron investigados, juzgados y sancionados, ¿por qué no aquí?
La democracia universitaria, aunque moleste a algunos, debe sostenerse con hechos. Y eso incluye, sin lugar a dudas, sancionar a quienes buscan destruirla desde adentro.