Denuncian el debilitamiento de las Delegaciones de la Superintendencia de Salud y la falta de respuesta efectiva ante la vulneración de derechos, especialmente en personas con discapacidad.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación el crítico estado funcional e institucional de la Delegación local, señalando que ésta ha perdido su capacidad de intervención efectiva y se ha reducido a una simple mesa receptora de reclamos. Esta situación compromete seriamente el acceso oportuno y equitativo a las prestaciones médicas, especialmente para personas con discapacidad.
Desde la Dirección de Salud y Medicamentos del organismo provincial, se presentó un documento dirigido al superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo, en el que se detalla el preocupante deterioro del sistema de salud en la región, marcado por una creciente vulneración de derechos de los afiliados a obras sociales y empresas de medicina prepaga.
El ombudsman provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, subrayó que la Defensoría tiene la responsabilidad indelegable de asegurar que las prestaciones básicas de salud sean garantizadas a toda la población, y particularmente a quienes poseen discapacidad.
“No puede ser que, frente a situaciones de urgencia, las Delegaciones sólo trasladen reclamos a Buenos Aires sin capacidad de resolución inmediata. La salud no puede esperar”, advirtió.
La denuncia cobra especial relevancia en el contexto de la reciente Resolución N° 951/25, publicada en el Boletín Oficial, que establece un procedimiento más ágil para los reclamos sanitarios, reduciendo plazos, simplificando intimaciones y actualizando sanciones. Según esta normativa, las obras sociales y prepagas deben responder en un plazo máximo de cinco días corridos, y las denuncias deben resolverse en un plazo de treinta días hábiles.
Sin embargo, la Defensoría detalla que la situación actual está muy lejos de cumplir con estos estándares. Entre los principales problemas señalados, se destacan:
- Aumentos desproporcionados en las cuotas de medicina prepaga, que entre enero y mayo de 2025 registraron incrementos mensuales del 2% al 4%, acumulando una suba que supera la inflación, sin mejoras en la calidad de atención.
- Segmentación económica del sistema, que profundiza la desigualdad estructural y afecta especialmente a personas con discapacidad, generando barreras para la continuidad de tratamientos.
- Interrupciones reiteradas de tratamientos esenciales, debido a demoras en autorizaciones, mora en pagos a prestadores y falta de actualización arancelaria.
- Demoras superiores a 100 días en los pagos a prestadores, lo que provoca desfinanciamiento en instituciones especializadas y suspensiones en servicios clave.
- Falta de fiscalización efectiva, particularmente en el ámbito de la discapacidad, lo que deja impunes los reiterados incumplimientos de las entidades de salud.
- Judicialización como única vía de acceso real, obligando a los afiliados a recurrir a recursos legales costosos e inaccesibles para muchos.
- Debilitamiento generalizado de las Delegaciones de la Superintendencia, lo que impide respuestas inmediatas ante emergencias sanitarias.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo sostuvo que “la garantía institucional del acceso a derechos en condiciones de justicia, oportunidad y continuidad, se ha desdibujado”, consolidando un patrón de desprotección hacia los sectores más vulnerables.
En consecuencia, se reclamó formalmente a la Superintendencia que:
• Diseñe y comunique estrategias administrativas y políticas públicas que aseguren una atención integral, sin necesidad de judicialización.
• Implemente mecanismos de fiscalización con poder sancionatorio real y cronogramas verificables.
• Realice una evaluación urgente y documentada sobre el estado actual de las prestaciones, con especial foco en discapacidad.
La presentación de la Defensoría concluye con un llamado a la acción inmediata: “La salud no puede ser un lujo ni un privilegio para quienes pueden pagar abogados o soportar demoras burocráticas. Es un derecho humano fundamental que debe ser protegido con acciones concretas y efectivas”.