El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió este martes cesantear a Federico Vincent, un funcionario clave del organismo, tras comprobarse que se autopagó suplencias como si fuera juez y se liquidó el sueldo con aportes jubilatorios inferiores a los que correspondían para su cargo. La decisión fue tomada por la Comisión de Administración y Finanzas, que también ordenó evaluar posibles denuncias penales en su contra. Vincent estaba a cargo de la subadministración general y de la dirección de Recursos Humanos, áreas estratégicas para el manejo del presupuesto judicial.
Para su defensa, Vincent designó como abogado a José Manuel Ubeira, quien también representa a Cristina Kirchner en la causa por el intento de magnicidio. Su salida marca el fin de una carrera que comenzó en 1996 como auxiliar judicial y que lo llevó a ocupar una de las posiciones más influyentes dentro del Consejo. El uso discrecional de sus facultades administrativas en beneficio propio fue lo que precipitó su caída.
La caída de Vincent, uno de los hombres con más poder dentro del Consejo de la Magistratura, se selló esta semana con su cesantía, votada por la Comisión de Administración y Finanzas. La decisión, contenida en dos resoluciones, fue notificada a todos los consejeros y lleva la firma de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo en el organismo. Sin embargo, el expediente no surgió de un día para el otro: desde fines de 2023, Vincent estaba bajo la lupa por irregularidades graves en su desempeño como responsable de la subadministración general y la dirección de Recursos Humanos, cargos desde los cuales concentraba buena parte del manejo de los recursos del Poder Judicial.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Los auditores detectaron que, aprovechando su posición, Vincent ordenó que se le redujera el porcentaje de descuento jubilatorio, pasando del 18% correspondiente a funcionarios judiciales al 11% con tope, lo que le representó un ingreso extra de casi siete millones de pesos solo hasta mayo de este año. Lo hizo sin trámite formal, sin dictamen jurídico, ni excusarse del caso (aunque él mismo había iniciado la consulta) y sin informar a superiores.
También fue investigado su segundo en Recursos Humanos, Martín Culaciati, por haber avalado la maniobra. Vincent tiene además una denuncia por supuesto acoso sexual presentada por una empleada del Consejo, lo que agrava aún más su situación.
El Gobierno puso en marcha el Consejo de Mayo para avanzar con la reforma laboral y de impuestos
Más complicaciones para Vincent
La situación del ahora exfuncionario del Consejo de la Magistratura se complica aún más cuando se revisa su expediente. A las irregularidades por las que fue cesanteado (como haberse reducido arbitrariamente el descuento jubilatorio y autopagarse suplencias) se suman nuevas acusaciones que agravan su cuadro.
Una de ellas involucra haber permitido que dos agentes judiciales eludieran el pago de la cuota alimentaria a sus hijos. Según los auditores, Vincent ordenó liquidarles horas extras en recibos separados, sin justificación válida, afectando el interés superior de menores protegidos por la Constitución. El informe habla de un manejo “arbitrario y discrecional” de su oficina, en abierta contradicción con los principios de ética pública.
Otro sumario apunta al cobro indebido de un suplemento por subrogancia. Vincent habría percibido un 33% adicional en su salario durante casi cuatro años, primero como director de Recursos Humanos y luego, sin respaldo legal, como supuesto secretario letrado de la Corte Suprema. El problema es que nunca hubo una resolución formal que habilitara ese beneficio económico, reservado normalmente para jueces que ocupan cargos vacantes. La acusación sostiene que se trató de un beneficio patrimonial autoasignado, sin control ni autorización de la autoridad competente.
Como si todo eso fuera poco, también fue investigado por haber actuado como si representara legalmente al Consejo en una causa de desalojo iniciada por tres juzgados federales de Morón. Vincent no tenía facultades para intervenir, pero aun así pidió una audiencia “de urgencia” y presentó una propuesta económica en nombre del organismo. La maniobra, según fuentes judiciales, no solo excedió sus atribuciones, sino que generó un precedente grave por la improvisación institucional con la que actuó. Todo indica que, detrás de su silencioso ascenso en el Poder Judicial, se escondía una gestión plagada de desvíos.
TC / Gi