En un nuevo informe, Greenpeace encendió las alarmas sobre el creciente avance del desmonte en la provincia de Formosa. Según Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de la organización ambientalista, la provincia se encuentra hoy entre las más afectadas por la pérdida de bosques nativos en el país, junto con Chaco y Santiago del Estero.
A través del monitoreo por imágenes satelitales propias y datos oficiales de la Dirección de Bosques de la Nación, Greenpeace viene registrando un preocupante aumento de la deforestación en el norte argentino. En el caso puntual de Formosa, Giardini remarca un dato impactante: “Si uno compara los nueve años anteriores a la Ley de Bosques con los años posteriores, la provincia cuadruplicó la superficie desmontada. Es decir, se deforesta cuatro veces más desde que se sancionó la Ley que antes de su existencia”.
Un mapa que facilita el desmonte
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007, estableció que cada provincia debía realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, evaluando criterios ambientales, sociales y productivos. Según Giardini, ese proceso fue utilizado por Formosa de manera que, en lugar de restringir los desmontes, los facilitó.
“Mientras otras provincias clasificaron la mayoría de sus bosques en zonas amarillas o rojas (donde el desmonte está prohibido), Formosa catalogó el 70% de sus bosques como zona verde, donde está permitido solicitar permisos de desmonte”, explicó.
Este enfoque, señala el ambientalista, convirtió a la provincia en un foco de interés para productores ganaderos, muchas veces de otras provincias, que compran tierras a bajo costo, especialmente en la zona centro, para luego deforestar y expandir la actividad ganadera.
Una amenaza para la biodiversidad y las comunidades locales
A pesar del escenario preocupante, Greenpeace destaca que Formosa todavía conserva grandes superficies de bosque nativo en buen estado, sobre todo en el oeste de la provincia. Sin embargo, el avance sostenido de la deforestación amenaza no solo a la biodiversidad, sino también a las comunidades campesinas y pueblos originarios que dependen del monte para vivir.
“Hay una preocupación creciente entre pequeños productores locales que ven cómo las tierras cambian de manos constantemente. La ley, tal como está aplicada, incentiva el avance de las topadoras y la fragmentación de los ecosistemas, afectando también a quienes viven en y del bosque”, advirtió Giardini.
Un llamado urgente
Greenpeace pide a las autoridades provinciales que revisen su ordenamiento territorial y actualicen la categorización de zonas para preservar el bosque nativo que aún queda. También solicitan mayores controles y transparencia en la emisión de permisos de desmonte.
“Los números no mienten. Desde que se sancionó la Ley de Bosques, en vez de frenar la deforestación, Formosa se transformó en una de las provincias que más desmonta en el país. Todavía hay tiempo para revertir esta tendencia, pero hay que actuar con decisión”, cerró diciendo.