El Senado de la Nación aprobó este jueves la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad, una medida que regirá hasta el 31 de diciembre de 2027 y que tiene como objetivo garantizar la actualización de prestaciones, el financiamiento del sistema y la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad.
Tras la sanción de la norma, la presidente de la asociación Camino Azul, Florencia Santacruz, dialogó con el Grupo de Medios TVO y brindó su perspectiva sobre la situación en Formosa en comparación con otras provincias.
“La verdad es que nosotros en nuestra provincia no sufrimos ninguna de las quitas que a nivel nacional estamos sufriendo, porque si a nivel nacional lo sacan, en Formosa se responde”, afirmó Santacruz, poniendo en valor el rol activo del gobierno provincial ante los recortes nacionales en materia de salud y asistencia.
La referente sostuvo que los efectos de los ajustes recién comienzan a sentirse con mayor intensidad debido a que las obras sociales están recortando terapias y servicios esenciales, lo que genera preocupación en muchas familias. Sin embargo, destacó que Formosa continúa garantizando el acceso gratuito a escuelas especiales y a la atención médica adecuada según la patología de cada persona.
“En otras provincias no hay nada gratis. Acá, las familias tienen acceso a servicios que en otros lugares del país ya no existen o están muy restringidos”, remarcó.
La ley aprobada en el Senado representa un paso importante para todo el colectivo de personas con discapacidad en el país, aunque su implementación y efectividad dependerán en gran medida del compromiso de los gobiernos provinciales para garantizar los derechos consagrados por la norma.
Qué establece la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Senado
La norma declara la emergencia nacional en discapacidad hasta fines de 2026 y tiene varios puntos centrales:
Actualización de prestaciones: se recomponen los aranceles desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, y se establece una indexación automática mensual por IPC.
Pensiones no contributivas: garantiza que las pensiones por discapacidad se mantendrán en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Pensión inembargable: se otorga a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin recursos ni cobertura previsional, o mayores de 70 años.
Fondos garantizados: la Jefatura de Gabinete podrá ampliar el presupuesto para asegurar el financiamiento del sistema y los derechos de las personas con discapacidad y sus prestadores.
Reforma en el trámite del CUD: se impulsa una nueva metodología para agilizar y mejorar el acceso al certificado.
, Vale mencionar que la ley fue votada por 56 senadores con apoyo de bloques peronistas, radicales, provinciales y dos legisladores del PRO, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. El resto de los senadores del PRO, de La Libertad Avanza y algunos provinciales no asistieron, al considerar inválida la convocatoria a la sesión, que fue presidida por Silvia Sapag.