En medio de un contexto de profunda tensión económica y social, el sistema previsional argentino vuelve a estar bajo la lupa. La reciente sesión en el Senado de la Nación, que aprobó un proyecto de ley con importantes implicancias para jubilados y pensionados, generó expectativa y polémica por igual. Sin embargo, para la Dra. Silvana Corrales, abogada especialista en Derecho Previsional, “no cambió absolutamente nada todavía”.
En diálogo con el Grupo de Medios TVO, la letrada fue clara: el proyecto aún debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial para entrar en vigencia. Mientras tanto, la posibilidad de un veto presidencial, ya adelantado por el propio mandatario, mantiene todo en suspenso.
Un sistema colapsado
y desfinanciado
Con tono crítico, Corrales sostuvo que el sistema previsional está en crisis estructural, producto de años de reformas parciales y políticas coyunturales:
“El ANSES está colapsado y el sistema previsional argentino necesita urgente una reforma profunda y estructural”, afirmó.
Según explicó, existen grandes desigualdades en la forma en que la ley contempla a distintos sectores: autónomos, trabajadores en relación de dependencia y quienes accedieron al beneficio a través de las moratorias. Para Corrales, estas diferencias no solo afectan la equidad del sistema, sino que también lo vuelven económicamente inviable a largo plazo.
El proyecto de ley: mejoras propuestas, dudas sobre su aplicación
El proyecto aprobado por ambas cámaras contempla un aumento del 7,2% para jubilados, un bono adicional de $110.000 y un incremento de la jubilación mínima. Aunque las medidas fueron celebradas por varios sectores, Corrales planteó la pregunta clave:
“¿De dónde van a
sacar la plata?”
La abogada advirtió que sin una base económica sólida, cualquier mejora podría transformarse en una promesa incumplida. La falta de financiamiento sostenible y la desfinanciación crónica de ANSES convierten estos beneficios en «soluciones temporales sin respaldo».
Bonos y moratorias: parches
que no resuelven el fondo
La especialista en previsionalismo fue tajante respecto al uso sistemático de moratorias y bonos extraordinarios:
“Son un parche más de los tantos parches que pusieron no solamente este gobierno, sino todos los anteriores”.
Recordó que la legislación previsional ha sufrido numerosos cambios a lo largo de los años. Si bien destacó avances como la ley de movilidad jubilatoria durante el gobierno de Néstor Kirchner —que reconoció, entre otros, el trabajo de amas de casa—, advirtió que el sistema no evolucionó con las nuevas realidades del país.
“El derecho y la economía son dinámicos. La ley tiene que actualizarse para reflejar eso”, remarcó.
Además, planteó el problema de fondo: la desigualdad entre quienes aportaron toda su vida laboral y quienes acceden a través de moratorias, algo que —aunque socialmente comprensible— requiere revisión desde una perspectiva de sostenibilidad y justicia contributiva.
El escenario del veto:
judicialización y más conflicto
Frente al inminente veto presidencial, Corrales anticipó una probable judicialización del tema. Si la Corte Suprema fallara a favor de los jubilados y exigiera al Estado cumplir con los pagos, la pregunta volvería a ser económica:
“¿De dónde va a salir el dinero? El ANSES está desfinanciado, entonces va a haber que hacer ajustes en otros sectores”, advirtió.
Este posible escenario agudizaría la crisis, reproduciendo desigualdades y tensiones ya existentes entre jubilados, trabajadores activos y el resto de los sectores sociales.
La importancia del “derecho
previsional preventivo”
Lejos de limitarse a un análisis técnico, la Dra. Corrales hizo un llamado a la conciencia ciudadana. Instó a los trabajadores, especialmente a los más jóvenes, a involucrarse en el tema previsional antes de llegar a la edad jubilatoria.
“Hoy tenemos herramientas digitales como AFIP y ANSES para controlar nuestros aportes. Es fundamental hacerlo desde temprano”, recomendó.
Además, insistió en que los jóvenes deben acompañar las luchas de los adultos mayores:
“Es el futuro de ellos también. Lo que hoy vemos con nuestros abuelos lo viviremos nosotros más adelante si no hay un cambio estructural”.
Una cuestión política,
económica y estructural
Para cerrar, Corrales fue contundente: “Este no es solo un problema de pobres jubilados. Es una cuestión político-económica estructural, que requiere decisiones profundas y valientes”.
Destacó que la informalidad laboral es uno de los principales enemigos del sistema previsional, ya que solo un mercado de trabajo formal, activo y en crecimiento puede sostener un régimen justo y viable.
“No podemos seguir discutiendo únicamente si el bono será de 70 o 110 mil pesos. Tenemos que discutir el modelo económico y laboral que queremos para sostener un sistema que garantice dignidad en la vejez”, concluyó.