Las persecuciones políticas, son también una causal de Intervención federal. El gobierno camina una delgada línea roja que lo podría colocar en el concepto de Terrorismo de Estado.
Formosa es sin dudas un enclave autoritario congelado en el tiempo donde la democracia real nunca llegó, así es como los que integran esta autocracia se empeñan en reforzar esa idea que ya está instalada en todo el país.
Lo que está pasando con el senador Francisco Paoltroni y el intendente Basualdo sin dudas demuestra la utilización de herramientas del estado para perseguir y condicionar a políticos opositores por el simple hecho de pensar diferente, lo cual establece una delgada línea que podría rozar el concepto del terrorismo de Estado.
Greenpeace desde hace décadas que viene denunciando la tala indiscriminada de campos, y en esto hay un principalísimo actor que fue el eterno interventor del instituto de Colonización y Tierras de la provincia el memorable Pombero Rodríguez, que con mano de hierro, administró el manejo de tierras de una provincia gobernada por un oficialismo cuya característica es ser el principal terrateniente dueño, amo y señor de más del 70 % de las tierras en una provincia donde la propiedad privada de los bienes inmuebles es una herramienta más de sometimiento y dependencia. En este esquema reinaba Pombero hasta que un día por razones que nunca se supieron, fue violentamente eyectado de su cargo y desalojado de su oficina en un cinematográfico operativo policial. En su larga gestión Pombero supo gestionar la adjudicación de grandes extensiones de campos a muchos funcionarios y empresarios y comerciantes afines al oficialismo, donde también obtuvieron generosos y abusivos permisos para desforestar enormes superficies, sin embargo, estas personas, empresas y la gestión del mismísimo Pombero Rodríguez, nunca fueron investigadas ni denunciadas.
Pero sin dudas el caso más paradigmático y escandaloso de desastre ambiental es el protagonizado por este gobierno y la empresa Australiana Liag Company , cuando a fines de los 90 se les otorgó más de 40 mil hectáreas en la zona de Laguna Yema y Pozo del Mortero en el oeste formoseño, que obligó al desalojo forzado de decenas de propietarios de tercera generación de esas tierras. La adjudicación se hizo por ley provincial y se les otorgó esta enorme superficie a un precio vergonzoso, equivalente al precio de un paquete de cigarrillos por cada hectárea, como contraprestación, el gobierno tenía la obligación de suministrarle servicios y logística, energía y el manejo casi absoluto de la administración del agua del sistema de canales de Laguna Yema, obras realizadas con recursos del estado provincial o sea de todos los formoseños. La empresa se comprometía a desarrollar un complejo productivo de cultivos de cereales (soja en verano y trigo en invierno) así como también algodón y ganadería a lo que se agregaba una segunda etapa de manufacturación de lo producido. En alrededor de una década la empresa equipada con enormes topadoras y todo tipo de maquinarias desforestó, sobreexplotó destrozando, esta enorme superficie de nuestra provincia, nunca se supo si pagó algún arancel, nunca contrató mano de obra local, nunca supimos si fue multada o emplazada a realizar algún remedio ambiental por tanto daño ocasionado y sorpresivamente se fue sin que el gobierno diga esta boca es mía.
El gobierno, a través del instituto de tierras fiscales, el ministerio de la producción o los organismos encargados de la cuestión ambiental nunca dijeron nada sobre esto, incluso a pesar de numerosas denuncias de organizaciones ambientalistas.
El problema de la denuncia que hace hoy el gobierno provincial quirúrgicamente circunscripta a Paoltroni y Basualdo, es doblemente malintencionada, en primer lugar porque debería asumirse e involucrarse a los organismos de control que no actuaron en tiempo ni en forma, por lo cual corresponde un enorme sumario administrativo y en segundo lugar los funcionarios que intervinieron tanto los actuales como los de la última década deberían ser inmediatamente sumariados y eventualmente denunciados por haber permitido semejante irregularidad. Es obviamente una expresión de deseos de lo que debería pasar porque acá nunca se sabe nada de lo que pasó, no sabemos porque lo echaron con la policía a Pombero Rodríguez, tampoco supimos porque echaron al ministro de salud , Pedro Décima en plena Pandemia, tampoco hubo una respuesta seria a la denuncia por acoso sexual y persecución de la dra. Silvia Tarantini por parte del ministro de trabajo y seguridad de la provincia , Jorge Gonzáles, estos son solo parte de algunos de los hechos que nunca tuvieron respuesta por parte de este gobierno autocrático que reitera periódicamente su irresistible tendencia autoritaria de utilizar el poder del estado y las instituciones, policía, ministerio de la producción, educación salud e incluso la misma justicia para encerrar gente como ocurrió en la pandemia o simplemente para apretar , escrachar y perseguir a periodistas y opositores, en este caso a quienes aparte de sus posiciones políticas de oposición, se han expresado pública y enérgicamente por la Intervención de la provincia como único remedio ante la autocracia que gobierna hace más de 30 años y es justamente el mismo gobierno el encargado de reiterarnos a cada momento con este tipo de hechos que queda demostrado que en esta provincia no están garantizados los derechos constitucionales y no funciona la división de poderes por eso reitero mi preocupación por la peligrosa línea roja por la que el gobierno está caminando que lo coloca a centímetros del terrorismo de estado.
BLAS HOYOS.