El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, presentó una solicitud formal al Congreso de la Nación para que rechace el Decreto Nº 534/25, mediante el cual el presidente Javier Milei vetó en su totalidad los proyectos de ley destinados a la recomposición de jubilaciones y pensiones, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad.
El pedido fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a los vicepresidentes Cecilia Moreau, Silvia Lospennato y Julio Cobos, a la Comisión Permanente de Discapacidad encabezada por Daniel Arroyo, a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a la vicepresidenta primera, Carolina Losada, así como a la Comisión de Legislación General, presidida por Bartolomé Abdala.
Gialluca cuestionó con firmeza los fundamentos del veto presidencial, argumentando que el decreto contiene “graves errores constitucionales y convencionales”. Según explicó, los considerandos del Decreto Nº 534/25 presentan una interpretación parcial del artículo 75 de la Constitución Nacional, al citar únicamente el inciso que refiere a la defensa del valor de la moneda (inciso 19), omitiendo las obligaciones del Congreso de promover el desarrollo humano con justicia social y de garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente hacia personas mayores y con discapacidad, como establece el inciso 23 del mismo artículo.
El Ombudsman también señaló que el Gobierno Nacional omite el cumplimiento del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados a utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos reconocidos en dicho tratado.
Asimismo, Gialluca sostuvo que los proyectos vetados contaban con fuentes de financiamiento y advirtió que la falta de un presupuesto 2025 es responsabilidad del propio Ejecutivo. En este sentido, recordó que el Presidente tiene la facultad de reconducir partidas presupuestarias, como ya ha hecho para pagar intereses de deuda o financiar organismos como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“No se trata de atentar contra el equilibrio fiscal ni de romper el orden macroeconómico”, afirmó el defensor, y agregó que en Formosa se comprende que “los jubilados y las personas con discapacidad tienen derechos y no pueden ser tratados como una variable de ajuste”. A su vez, destacó que la provincia continúa implementando políticas de inclusión como política de Estado.
Finalmente, Gialluca enfatizó que “el superávit fiscal no se negocia, pero tampoco el superávit social”, y concluyó que las leyes vetadas “no comprometen las cuentas públicas y apenas llevan algo de alivio a los sectores más castigados por el actual programa económico”.