A través de un operativo conjunto, el Gobierno de Formosa continúa brindando asesoramiento técnico y acompañamiento a personas con discapacidad, beneficiarias de pensiones no contributivas por invalidez laboral, que se vieron afectadas por las recientes suspensiones dispuestas por la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
En esta oportunidad, el dispositivo se desarrolló en la localidad de Las Lomitas este lunes 4 y martes 5 de agosto y estuvo coordinado por distintas áreas del Ministerio de la Comunidad, en articulación con la Delegación Zonal y el equipo del concejal electo por el Frente de la Victoria, Jorge Martínez Meza. Su principal objetivo es facilitar la carga virtual de documentación y orientar sobre los pasos necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos por la ANDIS.
“Aunque no tenemos competencia directa sobre la entrega o suspensión de estos beneficios, el Gobierno de Formosa acompaña activamente a las familias, interviniendo en cada instancia posible para garantizar el acceso al procedimiento y que la auditoría se realice de forma clara, justa y respetuosa de los derechos adquiridos”, explicó Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad.
Durante la primera jornada se capacitó a los equipos locales sobre cómo asistir a las personas con discapacidad en la carga de datos y documentación. Luego, en un trabajo conjunto, se brindó atención a las y los beneficiarios que se acercaron en busca de ayuda y asesoramiento.
La funcionaria advirtió que esta situación se enmarca en una política nacional de ajuste, que ya provocó la suspensión de miles de pensiones. En numerosos casos, las familias recibieron cartas documento notificando la baja del beneficio, generando una profunda preocupación, especialmente entre quienes dependen exclusivamente de esta prestación para subsistir.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial activó un plan de contingencia informativa, desplegando equipos en territorio que brindan asesoramiento individualizado a quienes reciben las notificaciones. El objetivo es evitar mayores perjuicios, garantizar que los trámites se completen correctamente y, en los casos de suspensión, asistir también en la solicitud de reconsideración del beneficio.
“La pensión es un derecho”, remarcó Jara. “Y ese derecho hoy está siendo vulnerado por una idea de ajuste que desconoce la realidad de las personas con discapacidad”.
Una comunidad organizada en defensa de los derechos
Jara también se refirió al veto del presidente Javier Milei a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, calificándolo como “un acto de extrema crueldad”.
“Hoy las personas con discapacidad no acceden a medicamentos, ni a acompañantes terapéuticos y muchas prestaciones esenciales están paralizadas. La ley venía a dar respuesta a esta emergencia con criterios de racionalidad económica. Haberla vetado demuestra un profundo desprecio por la vida y la dignidad de este colectivo. El presidente lo anticipó, y aunque tanta crueldad no debe naturalizarse, lamentablemente sabíamos que lo haría”, señaló.
El operativo en Las Lomitas —que ya se realizó también en comunidades originarias del oeste provincial— no es solo una respuesta técnica, sino la expresión concreta de una decisión política de estar donde más se necesita.
El trabajo articulado entre el Estado provincial y referentes locales demuestra que, frente al abandono, la unidad, la organización y la solidaridad pueden marcar la diferencia.
“Seguiremos redoblando esfuerzos y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sostener y acompañar a las familias con personas con discapacidad”, concluyó Jara.