Formosa participó junto a otras 16 provincias del país de esta reunión que, una vez más, sacó a la luz la sobrecarga del sistema público y el desfinanciamiento nacional, desencadenantes principales de la situación crítica que la salud mental atraviesa en la Argentina.
El martes 5 de agosto, ministros, equipos de salud y otros funcionarios de distintas provincias argentinas, incluida Formosa, se congregaron en un encuentro de trabajo federal en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se puso énfasis en el creciente contexto de padecimientos psíquicos y la ausencia del Estado nacional en el acompañamiento, financiamiento y gestión de políticas públicas para su abordaje.
Asimismo, las jurisdicciones compartieron diagnósticos, intercambiaron experiencias y reafirmaron el compromiso de dar cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, delineando propuestas integrales, sosteniendo políticas públicas que garanticen la atención de los pacientes y el acceso al cuidado como un derecho humano fundamental.
En ese marco, los representantes formoseños, el director de Salud Mental, el licenciado Marcelo Kremis; y los diputados nacionales Graciela Parola y Luis Basterra, coincidieron con los demás exponentes, en que la salud mental “necesita recursos, compromiso y presencia efectiva”.
A su vez, pusieron de manifiesto la disposición de las provincias en construir puentes de diálogo y cooperación para afrontar esta problemática, pero advirtieron que “no pueden seguir asumiendo solas, funciones que le corresponden esencialmenteal Estado nacional”.
Respecto a eso, Kremis destacó que se trató de un encuentro “autoconvocado”, precisamente, debido a la falta de convocatoria del Consejo Federal de Salud Mental, “por lo cual, las provincias presentes hicieron un llamado con el propósito de abordar las temáticas urgentes, que nos interesan a todos”.
Seguidamente, hizo hincapié en que la salud mental en la Argentina “se encuentra en crisis”, atribuyendo eso a múltiples factores, que no son solo consecuencias de la pandemia que impactó fuertemente en la población, sino también “a la falta de políticas nacionales del actual Gobierno, que no se condicen para nada con el esfuerzo notable que vienen haciendo las provincias”.
En ese punto, puso como ejemplo que, en Formosa, el Gobierno sigue ampliando la infraestructura sanitaria, como también los servicios y prestaciones, y la cantidad de profesionales. A la vez, viene incrementando los presupuestos destinados a la compra de medicación y otros insumos.
Sin embargo, en relación a la salud mental, afirmó que desde Nación “hay una interrupción en la provisión de medicamentos, despidos de profesionales del área, vaciamiento de los programas y hospitales “y el cierre de la residencia interdisciplinaria de salud mental, un sistema de formación de especialidades en salud mental que constituye un recurso humano fundamental”.
Recordó que, desde diciembre del 2023, el Programa Nacional Remediar Salud Mental dejó de entregar psicofármacos, “afectando a miles de personas que dependen exclusivamente del sistema público”.
Sumado a eso, marcó la insuficiencia en políticas de prevención y el aumento considerable de las consultas por salud mental “triplicadas” en los hospitales y centros de salud públicos de las provincias, con una mayor demanda de adolescentes y jóvenes.
“Esa situación es espejo en nuestra provincia”, dijo, porque hay un incremento progresivo en las demandas de atención y un aumento, no solo cualitativo, sino cuantitativo, de las problemáticas de salud mental “que cada vez son más graves”.
Suicidios, intentos de suicidio, auto lesiones, consumos problemáticos, adicciones en general”, mencionó entre las de mayor riesgo; agregando las apuestas, sobre todo online, en niñas, niños y adolescentes, depresión, ansiedad y otros trastornos.
“Todo eso es atendido por el Gobierno provincial con el compromiso que lo caracteriza con la salud del pueblo y con recursos propios del Tesoro Provincial, a pesar del recorte de los fondos coparticipables que no están llegando como debieran a la provincia”, resaltó el licenciado.
Sostener la salud pública como derecho humano y no como mercancía
Para resumir la jornada, las provincias participantes concordaron en que, actualmente, la salud mentalconforma “una crisis humanitaria silenciosa” que abarca a los equipos de salud, a las familias, instituciones educativas, distintos organismos y redes comunitarias que apoyan y acompañan, más allá de la desidia manifiesta por el Gobierno de Javier Milei.
En medio de ese alarmante escenario, reiteraron “el llamado urgente” y la necesidad de que el Estado nacional retome su rol en el financiamiento y la planificación de políticas públicas en salud mental y trazaron una serie de puntos para reubicarla como una prioridad sanitaria en todo el país.
Los principales fueron: darle mayor visibilidad a la crisis de salud mental; reafirmar el compromiso con la normativa nacional vigente, con enfoque de derechos y perspectiva de comunidad; exigirle al Gobierno nacional la reactivación del Programa Remediar Salud Mental y la entrega regular de medicación.
Así también, reforzar el trabajo interprovincial para sostener y ampliar los dispositivos de atención, externación e inclusión social; promover el abordaje territorial y comunitario, en articulación con los sectores de educación, justicia y niñez; garantizar el financiamiento de los dispositivos provinciales que hoy absorben la demanda creciente en soledad y convocar a una nueva reunión federal para establecer una agenda común de emergencia en salud mental.