En la sede de la Defensoría del Pueblo de Formosa se llevó a cabo una reunión informativa y de trabajo para analizar la situación de las Pensiones No Contributivas (PNC) y los problemas que enfrentan miles de personas con discapacidad en el país. El encuentro contó con la participación de la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, Florencia Santa Cruz, la secretaria Laura Romero, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, la defensora adjunta Sylvina Portillo y asesores letrados.
Actualmente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona a los beneficiarios de PNC por invalidez o vejez un total de $290.013,76, incluyendo un bono de $70.000. En tanto, las madres de siete hijos perciben $384.305,37 con el mismo refuerzo. Sin embargo, el acceso a estos beneficios está limitado por requisitos que exigen una incapacidad laboral superior al 66%, la ausencia de trabajo registrado y la falta de familiares legalmente obligados a brindar asistencia. Estos criterios, señalaron desde la Defensoría, contradicen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
Uno de los principales reclamos planteados fue la suspensión masiva de pensiones, que al mes de agosto ya afecta a más de 100.000 beneficiarios en todo el país. Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, estas medidas responden a la detección de irregularidades en la documentación presentada y casos de beneficiarios con empleos registrados o bienes de alto valor. La mayor concentración de anomalías, de acuerdo al funcionario, se da en las provincias de Chaco y Tucumán.
No obstante, desde las organizaciones de discapacidad y la Defensoría del Pueblo advirtieron que el procedimiento de auditorías aplicado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, genera graves perjuicios a los beneficiarios. Muchos de ellos no fueron notificados en tiempo y forma, ni tuvieron oportunidad de presentar su historial clínico, lo que se tradujo en la suspensión de pensiones o la inmovilización de fondos en cuentas bancarias.
En la reunión, la Asociación Camino Azul TEA Formosa destacó que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, en Formosa los colectivos de personas con discapacidad cuentan con acompañamiento permanente del Estado provincial en áreas como salud, educación, asistencia social, transporte y alimentación, lo que contribuye a que puedan “vivir con dignidad en nuestra sociedad”.
Como respuesta, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Nº 110/25, en la que instó a la ANDIS a reabrir de manera inmediata la oficina de atención en Formosa, dotándola de personal suficiente y de un sistema de consultas telefónicas para quienes residen en el interior provincial. Además, solicitó al Ministerio de Salud de la Nación que coordine con hospitales provinciales la atención prioritaria a los beneficiarios que necesitan actualizar su historial médico, y recomendó a la ANSES agilizar la tramitación de reconsideraciones, garantizando que los reclamos puedan resolverse en una sola jornada.
De esta manera, las organizaciones locales y la Defensoría buscaron dar visibilidad a la problemática y exigir al Gobierno nacional medidas urgentes para restablecer los derechos de las personas con discapacidad y evitar que la burocracia las deje sin el sustento económico que necesitan para sobrevivir.