Un grupo de familias campesinas de la zona de Ingeniero Juárez, en el departamento de Matacos, presentó un petitorio formal ante el gobierno provincial solicitando la expropiación de las estancias «La Florencia Este» y «La Florencia Oeste».
El reclamo, encabezado por el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), busca garantizar la seguridad jurídica de las más de 150 familias que habitan estas tierras desde fines del siglo XIX.
En una entrevista exclusiva con el programa radial «Exprés en Radio», el referente del movimiento, Benigno López, brindó detalles sobre la histórica disputa territorial.
Una Lucha de Más de un Siglo: Tierras Pobladas Desde 1800
López explicó que la solicitud de expropiación, que cuenta con la firma de más de 300 pobladores, fue entregada en mesa de entrada de la Gobernación. El petitorio insta al gobernador Gildo Insfrán a intervenir y avanzar en la expropiación de un latifundio que data de 1800, cuando se adjudicaron grandes territorios a privados con el propósito de colonizar, la mayoría de los cuales no prosperaron.
Las estancias «La Florencia Este» y «La Florencia Oeste» pasaron de mano en mano a lo largo del tiempo, siendo utilizadas principalmente como garantía para operaciones financieras. Hoy, la propiedad de las 90.000 hectáreas en disputa estaría en manos de dos titulares registrales, Eduardo Urneguián y Solá-Ferrer.
«En concreto, lleva 100 años alrededor de eso, que esta tierra está poblada por criollos, criollas y lo que hoy hablan son sus defensores y quieren contar con la mensura y la propiedad de las tierras que ocupan,» afirmó el referente campesino.
El Temor a los Desalojos y la Necesidad de «Paz Social»
A pesar de los más de cien años de posesión, las familias que habitan estas tierras no tienen una garantía de estabilidad. Benigno López señaló que los actuales dueños no han realizado ninguna mejora ni inversión en la propiedad. Sin embargo, en los últimos años, han intentado desalojar a las familias, lo que ha generado un clima de inseguridad y preocupación entre los pobladores.
«Lo que pide la intervención del gobernador para que gane la paz social y no se inicie un nuevo conflicto,» destacó López, haciendo hincapié en el temor a que la situación desemboque en un juicio de desalojo. El referente campesino recordó que ya se han utilizado mecanismos «camuflados» para quitar derechos a los poseedores, como hacerles firmar contratos de comodato por apenas dos hectáreas.
El movimiento también destacó que las estancias se encuentran dentro de lo que la provincia declaró como Reserva de Usos Múltiples, una categoría que las familias respaldan, ya que sus prácticas ganaderas en armonía con la naturaleza se alinean con este propósito. La presentación del petitorio es vista como el único camino para que las familias obtengan la seguridad jurídica sobre sus tierras y puedan seguir invirtiendo en ellas.
«Entienden que a través de algo con las autoridades se puede avanzar hacia una situación que mejore la calidad de vida de las familias,» concluyó López, esperando una respuesta favorable a la solicitud.