La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa informó que durante los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre, de 8:30 a 12:00 horas, personal del organismo junto al Instituto de Pensiones Sociales (IPS) estará brindando asesoramiento a los beneficiarios en el Centro de Inclusión Digital del Lote 111. Asimismo, el jueves 4 la atención se trasladará a la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela, en idéntico horario.
Estas jornadas se enmarcan en la medida judicial dictada por la Jueza Federal N° 2, María Belén López Macé, el pasado 19 de agosto de 2025, quien resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo, ordenando al Estado Nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejar sin efecto la suspensión de pensiones no contributivas por incapacidad laboral en la provincia. La resolución también dispuso liberar los fondos retenidos en las cuentas bancarias de los beneficiarios y otorgar un plazo de tres meses para que los titulares regularicen su situación administrativa.
Sin embargo, según denunció el Ombudsman provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, la ANDIS no cumplió con lo dispuesto, por lo que el organismo provincial presentó una denuncia formal ante el Juzgado Federal N° 2. En ella se solicita la aplicación de astreintes (sanciones económicas por cada día de incumplimiento) y que se dé vista al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión del delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Gialluca acompañó la denuncia con constancias bancarias que demuestran que muchos beneficiarios aún no recibieron los depósitos correspondientes, pese a la medida judicial vigente. En ese sentido, advirtió que la situación implica no solo irregularidades administrativas, sino también violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
“El Gobierno Nacional y el actual interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, deben entender que el programa de pensiones mal llamadas de ‘invalidez laboral’ es en realidad una política de transferencia de ingresos destinada a paliar las desigualdades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina. Su monto equivale al 70% de una jubilación mínima y garantiza el acceso a la cobertura sanitaria del programa Incluir Salud”, subrayó el funcionario.
Además, advirtió sobre la fragilidad de la norma que sustenta las actuales auditorías, ya que permite suspender una pensión si el beneficiario no alcanza cierto porcentaje de “invalidez laboral” o si tiene un familiar que pueda asistirlo económicamente. “Esto contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a garantizar el derecho a vivir en forma independiente”, puntualizó.
Desde la Defensoría remarcaron que la interrupción de las pensiones no solo supone la pérdida de un ingreso vital para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestido, sino también la pérdida de la cobertura médica, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales.
Por ello, el Ombudsman provincial reiteró que cualquier decisión sobre estas prestaciones debe garantizar transparencia, respeto al derecho de defensa y plena adecuación a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.