La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ha encendido las alarmas sobre una serie de normativas provinciales, incluida la de Formosa, que imponen lo que la entidad califica como «aduanas interiores».
Estas medidas, que obligan a las empresas a pagar anticipadamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ingresar mercadería a la provincia, han sido fuertemente cuestionadas por la CAC por considerarlas un grave obstáculo para el comercio interprovincial.
Un freno al comercio y a la inversión
Según un informe reciente de la CAC, la Dirección General de Rentas de la provincia de Formosa, a través de las Resoluciones Generales N° 50/2020 y N° 35/2021, ha implementado un régimen de pagos a cuenta que genera un «grave daño» para el comercio interjurisdiccional.
Esta medida no solo encarece los productos para el consumidor final, sino que también crea una barrera burocrática y fiscal que desalienta la llegada de inversiones y el flujo de bienes.
Las empresas que operan en Formosa, especialmente aquellas que traen productos de otras provincias, se ven obligadas a afrontar costos adicionales y a inmovilizar capital, lo que afecta su liquidez y competitividad.
Inconstitucionalidad y antecedentes
El informe de la CAC resalta que estas normativas provinciales contradicen principios fundamentales de la Constitución Nacional que garantizan la libre circulación de bienes entre provincias. La entidad recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en contra de este tipo de prácticas en el pasado, como en el emblemático caso de “Loma Negra contra la Provincia de Misiones”. En ese fallo, el máximo tribunal ratificó que las provincias no pueden imponer impuestos o regulaciones que actúen como aduanas interiores, ya que esa facultad es exclusiva del Congreso de la Nación.
Impacto en la economía local
Para una provincia como Formosa, con una economía que depende en gran medida del comercio con jurisdicciones vecinas, estas barreras internas representan un problema significativo.
La imposición de estos pagos anticipados no solo afecta a las grandes empresas, sino que también golpea a los pequeños y medianos comercios locales que dependen del suministro de productos de otras provincias para sostener sus negocios. Al aumentar los costos logísticos y fiscales, se reduce el margen de ganancia de los comerciantes formoseños y, en última instancia, se trasladan estos costos al precio final de los productos, afectando el bolsillo de los consumidores.
La CAC ha solicitado a las autoridades nacionales intervenir para garantizar el respeto del marco constitucional y el libre desarrollo del comercio en todo el país.