El Gobierno nacional avanzó en un nuevo paso dentro de su plan de desburocratización al eliminar el régimen que obligaba a informar toda operación económica, incluso aquellas gratuitas, entre residentes argentinos y sujetos o entes del exterior. La decisión fue oficializada mediante la Resolución General N° 5752/2025, publicada en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre.
La normativa deroga dos resoluciones que databan de 2012 (la N° 3.285 y la N° 3.364), enmarcadas en un esquema de control considerado obsoleto por el actual Poder Ejecutivo.
Qué regímenes quedaron sin efecto
La Resolución General N° 3.285 imponía la obligación de informar cualquier operación económica realizada con representantes de entes del exterior, ya fuera onerosa o gratuita. La norma alcanzaba a prestadores de servicios como escribanos, bancos, casas de cambio, aseguradoras y mercados de valores.
| La Derecha Diario
La Resolución General N° 3.364, por su parte, había introducido modificaciones al régimen, fijando plazos y habilitando sistemas virtuales de carga. Con la derogación, ambas obligaciones quedaron anuladas.
Objetivos de la medida
De acuerdo con lo explicado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la eliminación de estas normativas responde al mandato del Decreto N° 353/2025, que instruyó a revisar y simplificar regímenes de información y fiscalización. El objetivo, según el Ejecutivo, es “avanzar hacia una administración pública orientada al ciudadano, fundamentada en la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios”.
En este sentido, el Gobierno destacó que reducir la burocracia permitirá facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mejorar la competitividad en materia de inversión y adquisición de bienes.
| La Derecha Diario
Una administración pública más ágil
El proceso de simplificación que lidera ARCA contempla etapas graduales, con el uso de información ya disponible en el organismo y la que aporten los contribuyentes. La modalidad estará disponible exclusivamente para quienes obtengan rentas de fuente argentina, con el fin de ordenar los registros sin entorpecer la operatoria de empresas y ciudadanos.
De esta manera, el Estado busca alinear las prácticas locales con estándares internacionales de buenas prácticas regulatorias, al tiempo que reduce la carga informativa sobre contribuyentes y agentes económicos.