En un hecho histórico sin precedentes en los últimos 20 años, el Congreso de la Nación rechazó el veto del Poder Ejecutivo y ratificó por mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, convirtiéndola oficialmente en ley. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa celebró esta decisión y expresó su respaldo a una normativa que responde a una deuda histórica con un sector altamente vulnerable de la sociedad.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, manifestó su satisfacción por la decisión del Senado y afirmó que “esperamos que el Presidente de la Nación aplique esta ley como corresponde y no intente judicializar un tema tan sensible. De lo contrario, el Congreso debería considerar su juicio político”.
Además, Gialluca lamentó el voto negativo del senador formoseño Francisco Paoltroni, señalando que “debería involucrarse más en el tema antes de tomar decisiones que perjudican directamente a las personas con discapacidad. Desde esta Institución y junto a los colectivos de personas con discapacidad, rechazamos enfáticamente su postura”.
Principales puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La ley, que ya tiene plena vigencia en todo el país, incluye los siguientes puntos clave:
- Emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Es de orden público y tiene aplicación nacional.
- Actualización de aranceles y prestaciones para cubrir el desfasaje inflacionario acumulado desde 2023.
- Cancelación de deudas con prestadores y actualización mensual de los valores, conforme a los índices de inflación que publica el INDEC.
- Las pensiones no contributivas se equipararán al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Los beneficiarios podrán trabajar sin perder la pensión, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
- Se establece una compensación económica de emergencia a prestadores, financiada por el Tesoro Nacional.
- Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal oscilará entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según el número de beneficiarios que se incorporen.
- La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá realizar auditorías con criterios justos, transparentes, sanitarios y socioeconómicos, garantizando notificaciones fehacientes, debidos procesos inclusivos y pleno acceso a la información.
- Incentivos a la inclusión laboral: los empleadores que contraten a personas con discapacidad estarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales por tres años.
Observaciones de la Defensoría sobre las auditorías de ANDIS
Gialluca remarcó que la nueva ley obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad a revisar sus métodos. “Veremos cómo se modifica el accionar de ANDIS, que hasta ahora ha implementado auditorías médicas irregulares y arbitrarias. Esta nueva ley exige una evaluación integral, respetuosa de los derechos humanos, que hasta ahora no se ha garantizado”, afirmó.
Por último, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y anunció que seguirá vigilando el cumplimiento de esta ley para evitar nuevas vulneraciones.